Una decisión regresiva con impacto estructural
El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional incluye, entre otras cláusulas regresivas para los trabajadores, la reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada al Sistema Nacional del Seguro de Salud. Lejos de tratarse de una medida neutra o meramente técnica, esta decisión impacta de manera directa sobre el financiamiento del sistema solidario de salud, en un contexto de fragilidad estructural ampliamente reconocido por todos los actores del sector.
Actualmente, el sistema de obras sociales se financia a través de un esquema contributivo compuesto por un aporte del trabajador del 3% de su remuneración y una contribución del empleador del 6%, lo que totaliza un 9% del salario. La reforma propone reducir la contribución patronal al 5%, llevando el financiamiento total al 8% (3% + 5%).
En términos concretos, esta modificación implica sustraer un punto completo del principal mecanismo de sostenimiento del sistema, lo que representa una caída del 11,11% en la recaudación total del sistema de salud, sin prever ninguna fuente alternativa de compensación.
Este recorte impacta de manera directa sobre el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), al que el Estado —a través de la ARCA— destina el 15% de la recaudación. Desde este fondo se financian prestaciones esenciales como discapacidad, los subsidios automáticos (SUMA, SUMA 65, SUMARTE y SANO) y parte de los costos de prestaciones de alto costo y baja incidencia que los Agentes del Seguro de Salud brindan mediante el sistema SURGE.
Tomando como referencia datos oficiales correspondientes a la recaudación del mes de agosto de 2025, la reducción de un punto porcentual implica una pérdida estimada de aproximadamente $16.000 millones mensuales para el Fondo Solidario y de más de $90.000 millones mensuales para el conjunto de las obras sociales, cifras que deben multiplicarse por trece al considerar el Sueldo Anual Complementario. El impacto anual no es marginal: es estructural.
Las consecuencias sanitarias de esta menor recaudación son inmediatas y profundas: menos recursos para prestaciones de discapacidad —una de las poblaciones más vulnerables—, debilitamiento de los subsidios automáticos indispensables para sostener niveles mínimos de cobertura, menor respaldo para la cobertura de jubilados a través del SUMA 65 y menor compensación para monotributistas mediante el subsidio SUMARTE, cuyos aportes mínimos se encuentran muy por debajo del costo real del PMO que la normativa obliga a garantizar.
Este ajuste se aplica, además, sobre un sistema ya severamente desfinanciado. La caída de la actividad económica, el deterioro del salario real y el crecimiento del empleo informal redujeron los ingresos del sistema, mientras que los costos sanitarios se incrementan de manera sostenida por la incorporación de nuevas tecnologías, medicamentos de alto precio, tratamientos innovadores y un creciente nivel de judicialización.
Las obras sociales están legalmente obligadas a brindar cobertura integral exclusivamente con los recursos provenientes de aportes y contribuciones, lo que las deja sin margen para absorber nuevos recortes sin afectar directamente la prestación de servicios.
En paralelo, la reducción de aportes también impacta sobre los trabajadores afiliados a empresas de medicina prepaga, hoy inscriptas como Agentes del Seguro de Salud. Cuando los aportes derivados resultan insuficientes, la diferencia entre el costo real del plan y lo efectivamente financiado se traslada al afiliado mediante mayor pago de bolsillo, encareciendo las coberturas sin mejorar las prestaciones.
No puede soslayarse que este debilitamiento del financiamiento del sistema de obras sociales se inscribe en una ofensiva más amplia contra el sistema de seguridad social y contra las organizaciones sindicales que históricamente lo sostuvieron. Ajustar sobre las obras sociales no es una decisión técnica: es erosionar un modelo solidario y avanzar sobre estructuras de organización colectiva de los trabajadores.
Reforma laboral y batalla cultural
Variaciones sobre un tema repetido
Desde una perspectiva institucional, resulta inadmisible que una reforma laboral se financie a costa del sistema de salud. El recorte propuesto no fortalece el empleo ni mejora las condiciones laborales: traslada el ajuste a los sectores más vulnerables y profundiza la crisis sanitaria.
En ese marco, desde la Secretaría de Acción Social de la CATT repudiamos este intento de reforma y el desfinanciamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud, por atentar contra el modelo solidario de cobertura de las trabajadoras y los trabajadores.
Corresponde advertir, finalmente, que el desfinanciamiento del sistema no es una consecuencia colateral, sino una decisión política deliberada, cuyas responsabilidades deberán ser asumidas por quienes la impulsen y la apliquen. Nos declaramos en estado de alerta, evaluando y adoptando las herramientas constitucionales pertinentes en defensa del sistema solidario de salud y de la continuidad de una cobertura médico-asistencial de calidad.
