Los gobernadores del peronismo y de espacios aliados se reunirán el próximo miércoles en la ciudad de Buenos Aires, en medio de la creciente disputa con el Gobierno nacional por la reforma laboral, particularmente por el apartado que propone una rebaja del Impuesto a las Ganancias, medida que impactaría de manera directa en los recursos de las provincias.
El objetivo central de la reunión será consensuar una posición común de cara al tratamiento de la reforma laboral, iniciativa que el oficialismo pretende llevar al recinto del Senado el próximo 11 de febrero para obtener media sanción.
Más allá de las diferencias internas sobre los cambios al régimen laboral, los gobernadores opositores podrían sumar incluso el respaldo de mandatarios cercanos a La Libertad Avanza en el punto impositivo. La propuesta del Ejecutivo contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas, que pasaría del 35% al 31,5%, junto con una rebaja de las contribuciones patronales.
Desde las provincias advierten que el impacto fiscal de estas medidas superaría los 3 billones de pesos, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la merma en la recaudación se produciría recién en 2027 y rondaría los 1,5 billones de pesos.
Sin embargo, el dato no tranquiliza a los mandatarios provinciales: 2027 será año electoral y ningún gobernador quiere afrontar una campaña con restricciones presupuestarias.
Un escenario que se repite
La tensión recuerda a lo ocurrido a fines del año pasado, cuando los gobernadores de distintos signos políticos lograron bloquear el capítulo XI del Presupuesto 2026. En diciembre, ordenaron a sus legisladores rechazar el artículo que pretendía derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, normas que habían sido vetadas por el presidente Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso.
Antes, en septiembre, tras una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios provinciales impulsaron el proyecto para el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que fue aprobado por el Parlamento pero también vetado por el Ejecutivo nacional.
Si el Gobierno insiste en avanzar sin consensos, el oficialismo podría enfrentar nuevamente el mismo escenario: una nueva derrota legislativa impulsada por un frente de gobernadores que, pese a sus diferencias, vuelven a alinearse en defensa de los recursos provinciales.
