La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei será tratada el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado, tras un acuerdo alcanzado entre la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y senadores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales aliadas. No obstante, el capítulo fiscal del proyecto, cuestionado por los gobernadores, continúa con final abierto.
El pedido formal de sesión ya fue firmado por Bullrich y por los senadores Martín Goerling (PRO), Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Carlos Arce (Frente Renovador Misionero), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal–Corrientes) y Beatriz Ávila (Independencia–Tucumán).
Al término de la reunión, Bullrich aseguró que “prácticamente tenemos el 95% de los temas cerrados”, aunque evitó detallar los cambios acordados y sostuvo que serán informados recién al momento de la votación en el recinto.
El punto fiscal, el principal escollo
La principal controversia sigue siendo la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, una medida que impactaría negativamente en la recaudación provincial.
Bullrich volvió a despegarse del tema y señaló que “esa discusión se está dando entre el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y los gobernadores”.
En la misma línea, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, reconoció que el aspecto fiscal sigue siendo uno de los puntos más sensibles del proyecto. “Es uno de los temas que nos preocupan porque tiene que ver con las previsiones para las provincias. Lo estamos limando y hay algunas alternativas, pero va a depender de las últimas reuniones”, explicó.
Bullrich indicó que esas alternativas serán elevadas este miércoles a la reunión de la mesa política del Gobierno, integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Gobernadores y tensiones políticas
Para este mismo miércoles, un grupo de gobernadores evaluaba realizar una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires. Sin embargo, el Gobierno nacional trabajaba para desactivar la convocatoria, que aún no tenía un listado definitivo de asistentes.
En ese marco, uno de los mandatarios de la oposición más dura, el pampeano Sergio Ziliotto, fue recibido este martes en Casa Rosada por Santilli y Adorni.
Acuerdos parciales y fondos laborales
Más allá de la cuestión fiscal, los senadores se muestran cerca de un acuerdo en torno a los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que financiarían las indemnizaciones por despido mediante un aporte del 3% de la masa salarial, descontado de las contribuciones destinadas a la ANSES.
Sindicatos y amenaza de paro general
En paralelo, el frente sindical comienza a endurecer su postura. Este viernes, la CGT reunirá a su consejo directivo para definir si convoca a un paro general con movilización para el 11 de febrero, en medio de fuertes presiones internas. La central obrera, conducida por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, debate entre profundizar las negociaciones o avanzar con medidas de fuerza.
Las dos CTA ya definieron su postura y convocaron a un paro con movilización para ese mismo día. Las protestas comenzarán este jueves en Córdoba y continuarán el martes 10 en Rosario.
En conferencia de prensa, Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) exigieron a los gobernadores que “no convaliden esta entrega de los derechos de los trabajadores”.
Godoy calificó el proyecto como “un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia”, y advirtió que no se trata de una modernización, sino de “una regresión brutal que pretende retroceder las condiciones laborales al siglo XIX”.
Por su parte, Yasky señaló que el debate se da en un contexto de fuerte deterioro salarial: “Argentina atraviesa uno de los salarios promedio más bajos de América Latina, con un sector público que perdió alrededor del 30% del poder adquisitivo y enfrenta miles de despidos”.
Fuente: Diario Río Negro
