Dos palabras bastaron para definir una decisión que venía madurando en silencio dentro de la Casa de Gobierno: “Vas vos”. Con esa frase, el gobernador Osvaldo Jaldo terminó de sellar el respaldo político a quien todo indica será el próximo Defensor del Pueblo de Tucumán: Agustín “Tin” Fernández.
La Legislatura provincial había habilitado recientemente el período de inscripciones para quienes aspiren a ocupar la titularidad del organismo, un cargo de cinco años de duración que actualmente ejerce Eduardo “Lalo” Cobos desde marzo de 2021. Aquella designación, en su momento, simbolizó una fuerte fractura entre el manzurismo y el jaldismo. Hoy, el escenario es otro y el nombre que corre con ventaja responde al riñón político del actual gobernador.
El encuentro entre Jaldo y el ex diputado nacional se concretó en la mañana de este jueves en el despacho oficial. Fue una reunión breve, sin declaraciones posteriores ni gestos públicos, pero con un mensaje político contundente. Fernández, oriundo de Aguilares y ex presidente del bloque Independencia en la Cámara baja, aceptó rápidamente la propuesta.
Desde el entorno del mandatario reconocen que existía una deuda política con uno de sus colaboradores más cercanos. Tras dejar su banca en diciembre pasado, Fernández se mantuvo al margen de la escena pública, aguardando una definición. En un primer momento, su nombre había sido evaluado para integrar el directorio del Ente Regulador del Servicio de Energía de Tucumán (Etrsept) o incluso para sumarse a un eventual recambio del gabinete, opción que finalmente fue descartada.
En los últimos días, sin embargo, el gobernador terminó de alinear su estrategia.
La Defensoría del Pueblo apareció como el lugar indicado, en medio de una creciente danza de nombres que comenzó a circular por los pasillos legislativos. Son varios los postulantes que ya presentaron sus antecedentes, aunque en el oficialismo consideran que la decisión política del Ejecutivo será determinante.
Con una imagen aún sólida y fuerte incidencia sobre la Cámara, Jaldo apuesta a que su respaldo alcance para garantizar los votos necesarios. El mandatario deberá presentarse el próximo 1 de marzo en la Legislatura para dejar inaugurado el período ordinario de sesiones, y la expectativa es que para entonces la comisión de Peticiones y Acuerdos tenga prácticamente definida la postulación, junto con la designación de los dos defensores adjuntos.
Mientras tanto, el proceso formal continúa abierto. Entre los requisitos exigidos para acceder al cargo se destacan la ciudadanía argentina, una edad mínima de 25 años, residencia comprobable en la provincia y, especialmente, la prohibición de afiliación partidaria o actividad política, ya que el Defensor del Pueblo debe cumplir las mismas incompatibilidades que un magistrado judicial.
Aunque el trámite institucional sigue su curso, en los hechos el nombre ya circula con fuerza. Y todo indica que la bendición del Ejecutivo volvió a inclinar la balanza.
