El oficialismo intentará sancionar el próximo miércoles en el Senado el proyecto de modernización laboral, una de las iniciativas centrales del presidente Javier Milei, aunque La Libertad Avanza (LLA) aún no tiene asegurados los votos para aprobar dos aspectos sensibles de la reforma: el capítulo fiscal y los cambios en el régimen de indemnizaciones.
La iniciativa propone modificaciones profundas en la legislación laboral vigente, entre ellas la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, cambios en el sistema de vacaciones, en las indemnizaciones por despido y en el régimen de afiliaciones sindicales.
La sesión fue convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para el miércoles a las 11 y se desarrollará en un clima de fuerte tensión social, ya que ese mismo día se realizará una movilización de las centrales sindicales y sectores de izquierda, a la que se sumará la tradicional marcha de jubilados.
El poroteo de votos
LLA tiene garantizada la aprobación en general del proyecto y de la mayoría de los artículos, pero aún no logró consenso para sostener la reducción del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, un punto que genera fuerte resistencia entre los gobernadores.
Por ese motivo, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, continuará negociando hasta el mismo miércoles con distintos legisladores para evitar modificaciones sustanciales al texto, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores.
Hasta el momento, el oficialismo cuenta con 20 votos propios y el respaldo del monobloque del Frente Cívico, diez senadores radicales, tres del PRO, dos misioneros, una senadora tucumana, una chubutense, una neuquina y un correntino. A ese esquema podría sumarse una senadora salteña, lo que permitiría alcanzar alrededor de 40 votos.
El peronismo y las dudas
El interbloque peronista reúne hasta ahora 25 votos en rechazo al proyecto, de los cuales 21 corresponden al bloque justicialista, dos al Frente Cívico de Santiago del Estero y dos a Convicción Federal.
Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la postura de los legisladores de Convicción Federal Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, vinculados a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), así como de los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano y de la cordobesa Alejandra Vigo.
Ganancias, el principal conflicto
La reducción del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas del 35% al 31,4% es el punto que mayor tensión genera con los gobernadores dialoguistas, ya que la rebaja —estimada en cerca de 2 billones de pesos— impactaría en el año 2027, en plena etapa electoral.
Pese a las objeciones, la mesa política designada por el presidente Milei no contempla modificar la rebaja de Ganancias ni la eliminación de impuestos internos, ni establecer mecanismos de compensación para las provincias.
Cambios en indemnizaciones y convenios
En materia indemnizatoria, el proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de los aportes que los empleadores realizan a la ANSES, destinado a cubrir despidos. Desde la UCR aliada reclaman que este beneficio sea exclusivo para pymes y no para grandes empresas.
Sí existe consenso para fijar un tope indemnizatorio de un salario por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, que podrá abonarse en hasta 12 cuotas en grandes empresas y 18 en pymes, con actualización por inflación más un 3% anual.
En cuanto a la ultraactividad de los convenios colectivos, el dictamen establece que se mantendrán por un año las cláusulas normativas vinculadas a las condiciones laborales, pero no las obligaciones económicas, como los aportes solidarios a cámaras empresariales y sindicatos.
