Este martes comenzará la conformación de las comisiones parlamentarias que deberán tratar, durante el período de sesiones extraordinarias, dos de los proyectos centrales impulsados por el Gobierno del presidente Javier Milei: la reforma de modernización laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad.
Luego de haber quedado postergado durante 2025, el debate de la reforma laboral se iniciará finalmente en el Senado de la Nación, con fecha prevista para el próximo 11 de febrero. En ese marco, La Libertad Avanza (LLA) avanza en una etapa clave de negociaciones con los bloques considerados “dialoguistas”, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC).
Las conversaciones continúan aun después de los encuentros que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo en los últimos meses con gobernadores provinciales, en un intento por garantizar los consensos necesarios para avanzar con la iniciativa.
El proyecto de modernización laboral plantea una revisión integral del actual marco normativo. Entre sus principales ejes se destacan la modificación del régimen de indemnizaciones; la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos; la reducción de contribuciones patronales para incentivar la contratación formal; y la incorporación de la figura del “Colaborador Independiente”, bajo un esquema de autonomía sin relación de dependencia tradicional.
Además, la iniciativa introduce el denominado “Banco de Horas”, un sistema de flexibilidad horaria que permitiría compensar excesos de jornada laboral en días posteriores, en lugar del pago de horas extras.
Desde el movimiento sindical expresaron un fuerte rechazo al proyecto y advirtieron que la reforma “no genera empleo genuino y promueve la pérdida de derechos adquiridos”. En ese contexto, distintas centrales gremiales convocaron a movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes.
En paralelo, el oficialismo impulsa el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El proyecto establece un régimen especial para menores, con medidas socioeducativas y penas alternativas, excluyendo la reclusión perpetua y fijando un máximo de 20 años de condena.
No obstante, la iniciativa prevé que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de los adultos, con condenas de hasta 15 años o más, aunque sin ser alojados en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a tres años, o de hasta diez años sin violencia grave, se priorizarán medidas de carácter educativo y social, como la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias, evitando la prisión efectiva.
Desde La Libertad Avanza sostienen que la reforma busca poner fin a la denominada “puerta giratoria” y sancionar delitos cometidos por menores de 16 años que, según el Gobierno, hoy permanecen impunes bajo la legislación vigente (Ley 22.278).
