El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas más ambiciosas de la gestión del presidente Javier Milei, orientada a brindar seguridad jurídica a los contribuyentes y promover la exteriorización de dólares que permanecen fuera del sistema formal.
Con la publicación del decreto reglamentario, quedó oficialmente en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, que introduce un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la reducción de controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La normativa modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, y establece un esquema que prioriza la declaración de ingresos por sobre el control del patrimonio y los consumos personales, con el objetivo de incentivar la formalización de activos y ampliar la base tributaria.
Los ejes centrales de la reglamentación
Uno de los puntos más relevantes de la ley es la creación del “Régimen Simplificado de Ganancias”, destinado a contribuyentes con un patrimonio total de hasta 10.000 millones de pesos.
Entre sus principales características se destacan:
Blindaje patrimonial: Los contribuyentes adheridos no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre variaciones patrimoniales ni sobre niveles de consumo.
Impuesto por facturación: ARCA solo podrá liquidar el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados. El incremento del patrimonio o los gastos realizados no podrán ser utilizados como presunción de evasión.
Efecto liberatorio: El pago en término del impuesto determinado por ARCA libera al contribuyente de reclamos posteriores, salvo que se compruebe la omisión de ingresos facturados.
Nuevos umbrales penales y reducción de plazos
La ley establece una actualización sustancial de los montos a partir de los cuales una infracción tributaria pasa a ser considerada delito penal:
Evasión simple: el umbral se eleva de $1.500.000 a $100.000.000.
Evasión agravada: pasa de $15.000.000 a $1.000.000.000.
Prescripción: el plazo se reduce de cinco a tres años.
Extinción de acciones penales y esquema de regularización
La reglamentación también define mecanismos para regularizar deudas impositivas sin consecuencias penales:
Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes. Este beneficio podrá utilizarse una sola vez.
Pago con recargo: Si la denuncia aún no fue radicada, el contribuyente podrá extinguir la acción penal abonando la deuda más un adicional del 50% dentro de los 30 días posteriores a la notificación.
Sanciones más severas: Como contrapartida al relajamiento de controles, se incrementan de forma significativa las multas por presentaciones fuera de término.
Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos y fomentar la inversión privada, en un contexto donde el blanqueo de capitales es considerado una herramienta clave para fortalecer las reservas y dinamizar la economía, bajo la premisa de que el origen de los fondos no será objeto de persecución fiscal para quienes se ajusten al nuevo esquema.
