El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Tucumán para incorporar una “Medida Cautelar Digital Urgentísima de Protección del Honor, la Imagen y la Reputación” al Código Procesal Penal provincial, con el objetivo de brindar una respuesta judicial inmediata ante publicaciones consideradas calumniosas o injuriantes en plataformas digitales.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de Sergio Mansilla y Roque Argañaraz, propone un mecanismo de actuación rápida que permita frenar el daño provocado por contenidos que afecten de manera manifiesta el honor o la reputación de una persona. Según el proyecto, el juez podrá ordenar medidas como la eliminación, el bloqueo o la desindexación del material cuestionado, así como impedir su nueva difusión.
El procedimiento tendrá carácter “hipersumarísimo”, ya que el magistrado deberá resolver la solicitud dentro de las seis horas de presentada, sin instancia previa de traslado a la otra parte. El objetivo es evitar que la viralización del contenido vuelva irreversible el perjuicio, en un contexto donde la circulación digital amplifica rápidamente el alcance de las publicaciones.
En los fundamentos, Vargas Aignasse sostuvo que la expansión de las redes sociales generó un escenario que supera los tiempos tradicionales de la justicia. “Cuando el juez interviene por las vías cautelares ordinarias, el daño ya se ha multiplicado exponencialmente. La tutela llega tarde”, advierte el texto, que remarca la necesidad de herramientas judiciales acordes a la velocidad del entorno digital.
El proyecto también incorpora un mecanismo de resguardo para evitar cualquier forma de censura. Establece que la medida deberá ser rechazada ante la mínima duda de que el contenido represente una opinión, una crítica o una información de interés público, reafirmando que la libertad de expresión debe prevalecer como regla general.
Además, la iniciativa busca armonizar el derecho al honor con la libertad de expresión, tomando como referencia criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, los autores sostienen que la propuesta no pretende limitar el debate público ni la actividad periodística, sino actuar exclusivamente frente a la difusión de imputaciones falsas o afirmaciones injuriantes realizadas con intención de dañar.
Según los impulsores, la reforma apunta a cerrar el vacío legal existente frente a los daños causados en el entorno digital y brindar una herramienta eficaz para proteger los derechos personalísimos, sin afectar el ejercicio legítimo de la opinión ni la crítica.
