La Legislatura de Tucumán continúa con el cronograma institucional previsto para la elección del nuevo Defensor del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución provincial y la Ley Nº 6644. El proceso fue analizado en una reunión encabezada por el vicegobernador y presidente del cuerpo legislativo, Miguel Acevedo, junto al presidente subrogante Sergio Mansilla y la legisladora Carolina Vargas Aignasse, titular de las comisiones de Peticiones y Acuerdos y de Asuntos Constitucionales e Institucionales.
Tras el cierre del período de inscripción, se registraron 46 ciudadanos interesados en participar de la convocatoria. Desde la Legislatura señalaron que el procedimiento avanza conforme al cronograma legal y que actualmente se encuentra en marcha la etapa de impugnaciones, durante la cual la ciudadanía puede presentar objeciones hasta el 20 de febrero.
Una vez finalizado ese plazo, entre el 24 y el 26 de febrero, las personas que resulten impugnadas tendrán la posibilidad de presentar sus respectivos descargos, garantizando así el derecho a defensa dentro del proceso de selección.
Posteriormente, las comisiones legislativas deberán analizar las presentaciones y elaborar el dictamen correspondiente. La fecha límite para definir la terna de candidatos es el 3 de marzo, instancia tras la cual los nombres seleccionados serán elevados para su tratamiento en el recinto.
Desde la Legislatura destacaron la participación ciudadana en la convocatoria, al considerar que el número de inscriptos refleja el interés de la sociedad en formar parte de este proceso institucional. Asimismo, remarcaron que el procedimiento se desarrolla con estricto apego a las normas vigentes, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los plazos legales.
El proceso de selección del Defensor del Pueblo constituye un paso clave dentro del funcionamiento institucional de la provincia, ya que este organismo tiene como función principal la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos frente a posibles abusos o irregularidades por parte del Estado.
