El Senado de la Nación se prepara para debatir y votar el próximo jueves el proyecto de ley que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. La sesión también incluirá el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad de los actuales 16 a 14 años. La iniciativa busca reemplazar la legislación vigente desde la última dictadura militar, estableciendo un nuevo marco legal para juzgar a menores que cometan delitos, combinando sanciones penales con medidas orientadas a la reinserción social.
Principales cambios que introduce el proyecto
El nuevo régimen contempla una escala de sanciones diferenciadas según la gravedad del delito. Para aquellos casos con penas menores a tres años, se descarta la prisión y se priorizan medidas alternativas. En delitos con penas de entre tres y diez años que no hayan causado la muerte o lesiones graves, se aplicarán sanciones con enfoque educativo y social.
El proyecto también establece que los menores no podrán ser alojados en los mismos espacios que adultos privados de libertad, con el objetivo de garantizar condiciones acordes a su edad y facilitar su proceso de reinserción.
Asimismo, la normativa fija un límite máximo de 15 años de prisión para menores, descartando la posibilidad de condenas a perpetua. También prevé medidas complementarias destinadas a la resocialización y reintegración ciudadana de los jóvenes.
Financiamiento y aplicación del sistema
Uno de los aspectos incorporados durante el debate legislativo es la asignación de recursos específicos para garantizar la implementación del régimen. El dictamen prevé una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, con el fin de fortalecer la estructura institucional necesaria.
Este punto fue incluido tras cuestionamientos de sectores legislativos que advertían sobre el riesgo de que la ley no pudiera aplicarse por falta de financiamiento.
La postura del Gobierno
Desde el oficialismo, encabezado en el Senado por Patricia Bullrich, sostienen que la reforma busca modernizar el sistema penal juvenil y garantizar que quienes cometan delitos enfrenten consecuencias acordes a sus acciones.
El Gobierno considera que los adolescentes de 14 años poseen capacidad de discernimiento suficiente para comprender la gravedad de sus actos y responder penalmente por ellos. La iniciativa se enmarca en una política más amplia orientada a reforzar la seguridad y establecer sanciones claras.
Críticas de la oposición
Sectores opositores cuestionaron la reforma al considerar que prioriza un enfoque punitivo y no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil. También señalaron que no existe evidencia concluyente de que reducir la edad de imputabilidad disminuya los índices de criminalidad.
Según estos sectores, el problema de la delincuencia juvenil está vinculado a factores sociales como la exclusión, la desigualdad y la falta de oportunidades, por lo que consideran necesario reforzar políticas de contención social, educación e inclusión.
Un debate clave en la agenda legislativa
De aprobarse en el Senado, el nuevo Régimen Penal Juvenil marcará un cambio profundo en el sistema penal argentino, estableciendo un marco legal actualizado para el tratamiento de delitos cometidos por menores y reabriendo el debate sobre el equilibrio entre seguridad, sanción y reinserción social.
