El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, alertó que el cambio en el modelo económico tendrá consecuencias negativas en algunos sectores productivos, incluyendo el cierre de empresas y la pérdida de empleos, aunque consideró que se trata de un proceso necesario para lograr estabilidad a largo plazo.
“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”, sostuvo el dirigente, al referirse al impacto del nuevo esquema económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Grinman explicó que no existen estadísticas precisas sobre el cierre de empresas, especialmente en el caso de pequeños comercios, que muchas veces cesan su actividad sin notificación formal. No obstante, aclaró que en el sector comercial formal, donde se registran altas y bajas de personal, el nivel de empleo se mantiene estable, aunque reconoció que otras actividades podrían verse más afectadas.
El titular de la CAC participó recientemente de un encuentro del denominado “Grupo de los 6” con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde el funcionario ratificó que el Gobierno no aplicará medidas sectoriales específicas, sino que continuará con un enfoque general orientado a transformar la estructura económica.
“El modelo no apunta a resolver problemas particulares, sino a generar una solución integral. No se puede beneficiar a un sector y dejar a otro afuera”, explicó Grinman, quien afirmó que el empresariado está dispuesto a acompañar el proceso, pese a las dificultades actuales.
En ese sentido, reconoció que el comercio atraviesa un período complejo debido a la caída del consumo, aunque atribuyó parte de esa situación al fin de políticas de estímulo implementadas en años anteriores. Según señaló, el consumo sostenido respondía a un contexto inflacionario que incentivaba el gasto inmediato, algo que ahora cambió con una mayor estabilidad de precios.
Por último, el empresario remarcó que la presión tributaria continúa siendo elevada y que su reducción representa un desafío, dado que una gran parte del gasto público está destinada a áreas sociales como jubilaciones, salud, educación y seguridad, lo que limita el margen de ajuste del Estado.
