El oficialismo logró convertir en ley la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, en una sesión cargada de tensión política y fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. La iniciativa, que había sido modificada previamente en Diputados, fue finalmente ratificada por el Senado de la Nación Argentina, consolidando uno de los principales objetivos legislativos de la actual gestión.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, celebró la aprobación y destacó el proceso de negociación que permitió alcanzar los acuerdos necesarios. Desde el oficialismo sostuvieron que la reforma apunta a modernizar el marco laboral, reducir la litigiosidad y generar condiciones más favorables para la inversión y la creación de empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Entre los puntos principales, la norma establece cambios en el sistema de indemnizaciones mediante la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, introduce modificaciones en los convenios colectivos y redefine aspectos vinculados a la relación laboral. También se eliminaron algunos artículos polémicos del proyecto original, como el que habilitaba recortes salariales en casos de licencias prolongadas por enfermedad o accidente.
Desde el bloque de La Libertad Avanza defendieron la iniciativa como una herramienta clave para dinamizar la economía y combatir la informalidad. Argumentaron que la nueva legislación busca dar mayor previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores y facilitar la adaptación del sistema laboral a las transformaciones productivas actuales.
En contraste, sectores del peronismo y otros bloques opositores expresaron un fuerte rechazo, al considerar que la reforma implica una flexibilización que podría afectar derechos laborales históricos. El jefe del bloque justicialista, José Mayans, cuestionó el contenido de la norma y advirtió que podría derivar en conflictos judiciales y un deterioro en las condiciones laborales.
En la misma línea, el senador Jorge Capitanich señaló que la reforma podría incrementar la precarización y no garantizaría una mejora real en los niveles de empleo. Otros legisladores opositores también plantearon dudas sobre su constitucionalidad y su impacto social.
Por su parte, desde el oficialismo insistieron en que la reforma representa un paso necesario para mejorar la competitividad del país y promover el crecimiento económico sostenido. Con la sanción definitiva, el Gobierno consolida una de sus principales apuestas estructurales y abre un nuevo escenario en el debate sobre el futuro del trabajo en la Argentina.
