El gobernador de Osvaldo Jaldo anunció que el año 2026 estará marcado por una agenda de reformas institucionales en Tucumán. El planteo fue realizado durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, donde destacó la necesidad de impulsar cambios estructurales en el funcionamiento del Estado provincial.
Entre los ejes principales mencionó la reforma electoral y la regularización de distintos organismos públicos que permanecen intervenidos desde hace décadas. Según explicó el mandatario, la intención del Gobierno es avanzar en la normalización de estos entes y terminar con un esquema que se mantiene vigente desde los años noventa.
Actualmente existen al menos seis organismos bajo intervención: el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Subsidio de Salud), intervenido desde 1990; el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), desde 1991; el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM), desde 1998; el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), desde el año 2000; la Caja Popular de Ahorros, intervenida desde 2003; y el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT), cuya intervención fue dispuesta en 2024.
Durante su exposición, el gobernador destacó como antecedente reciente la normalización de las Juntas de Clasificación Docente. Según sostuvo, durante 17 años esos organismos estuvieron integrados únicamente por representantes designados por el Poder Ejecutivo, lo que a su entender generaba discrecionalidad en los procesos de designación docente.
Jaldo señaló además que algunos cambios institucionales se concretaron en coordinación con la Legislatura provincial, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, aunque reconoció que aún quedan reformas pendientes.
“Si el 2025 fue el año de la obra pública, el 2026 tiene que ser el año de las transformaciones en las instituciones de Tucumán”, afirmó el mandatario al presentar la hoja de ruta de su gestión para los próximos meses.
En declaraciones posteriores a la prensa, el gobernador confirmó que mantiene conversaciones con Acevedo para avanzar en la normalización de los entes intervenidos. “La decisión nuestra es tratar de normalizarlos de una vez por todas”, expresó, al remarcar que se trata de intervenciones que llevan “muchos años”.
Actualmente las autoridades de estos organismos son designadas directamente por el Poder Ejecutivo mediante decretos. Uno de los casos más recientes fue el nombramiento del contador Guillermo Norry como interventor de la Caja Popular de Ahorros.
El debate sobre la regularización de estos entes no es nuevo en la política tucumana. En 2007 la Legislatura aprobó una ley para normalizar estas instituciones, pero el entonces gobernador José Alperovich vetó la norma. Años después, durante el inicio del primer mandato de Juan Manzur, también se planteó avanzar en ese sentido, aunque las intervenciones continuaron.
La cuestión incluso llegó a la Justicia. En 2015 el entonces legislador Alberto Colombres Garmendia presentó una acción de amparo para exigir el levantamiento de las intervenciones en algunos organismos provinciales.
En 2020 la Sala II del fuero Contencioso Administrativo falló a favor del planteo y otorgó un plazo de 60 días al Poder Ejecutivo para regularizar la situación. Sin embargo, el gobierno provincial apeló la decisión y el expediente llegó a la Corte Suprema de Tucumán, que en 2024 dejó sin efecto la resolución de primera instancia.
Tras ese fallo, Colombres Garmendia anunció su intención de llevar el caso ante la Corte Suprema de la Nación, lo que mantiene abierto un debate institucional que lleva años en la agenda política provincial.
En este contexto, el anuncio del gobernador vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la normalización de los organismos intervenidos. La incógnita ahora es si la iniciativa logrará avanzar en reformas concretas o si quedará nuevamente condicionada por las tensiones políticas y judiciales.
