El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante el Decreto 138/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Entre los principales cambios que introduce la normativa se destaca la baja en la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años, junto con la creación de un sistema de penas graduadas que tendrá en cuenta tanto la edad del menor como las circunstancias en las que se cometió el delito.
La iniciativa había sido aprobada por el Senado durante el período de sesiones extraordinarias del 27 de febrero con 44 votos afirmativos y 27 negativos, lo que representó un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo de La Libertad Avanza.
El nuevo régimen establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados penalmente cuando sean imputados por un delito tipificado en el Código Penal. Además, fija un sistema de sanciones orientado a la educación y la reinserción social, y establece que las penas privativas de la libertad no podrán superar los 15 años.
En la región, varios países ya tienen edades de imputabilidad similares o incluso menores. Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana fijan el límite en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá lo establecen en 12.
El proyecto impulsado por el oficialismo proponía originalmente fijar la edad mínima en 13 años. Sin embargo, en el marco de negociaciones parlamentarias con bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a 14 años para lograr consenso político y asegurar los votos necesarios para su aprobación en el Congreso.
Con esta modificación, el Gobierno consiguió el respaldo de aliados legislativos como el PRO y la Unión Cívica Radical, que consideraban que ese límite representaba un punto de equilibrio más sólido y alineaba la legislación argentina con la de la mayoría de los países de la región.
