El gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con algunos de los puntos más cuestionados del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y envió una nueva versión al Congreso luego de las críticas que generó el documento original por el riesgo de espionaje interno.
El plan inicial, de unas 170 páginas y elaborado durante la gestión de Sergio Neiffert al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluía referencias a distintos “actores” —entre ellos opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas— que, según el texto, podían “erosionar” la confianza pública.
El contenido fue analizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que emitió un dictamen crítico al advertir posibles riesgos de vigilancia interna.
Tras esas observaciones, la SIDE eliminó o reformuló varios apartados vinculados a la influencia de actores sobre la “percepción” y los procesos “cognitivos” de la opinión pública, así como referencias al uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial para monitorear esos fenómenos. La información fue reportada por el diario La Nación.
De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, las correcciones fueron enviadas al Congreso después de las elecciones de octubre y antes de la salida de Neiffert del organismo, con el objetivo de despejar cuestionamientos y adecuar el plan a los límites establecidos por la ley de inteligencia nacional.
Sin embargo, en el Congreso persisten las alertas por el decreto 941/2025, mediante el cual el Ejecutivo amplió las facultades de la SIDE, permitiendo según críticos de la medida la detención de personas sin control judicial previo y el cruce masivo de datos personales.
La discusión legislativa continúa abierta, ya que la renovación parlamentaria dejó momentáneamente en suspenso el funcionamiento de la comisión bicameral encargada de revisar el documento. Por este motivo, todavía no hay una evaluación definitiva sobre la nueva versión del plan ni claridad sobre si rige el texto original o el corregido que el Gobierno considera actualmente operativo.
