La reciente sesión en el Senado volvió a poner en evidencia una profunda fractura política en torno a la memoria histórica argentina. A casi 50 años del golpe del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ni siquiera fue posible alcanzar un consenso básico sobre una declaración institucional que reafirme el compromiso democrático del “Nunca Más”.
Desde el retorno de la democracia en 1983 y, con mayor fuerza a partir del gobierno de Néstor Kirchner en 2003, se había consolidado una visión ampliamente compartida que condena el terrorismo de Estado y reivindica las políticas de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a resurgir discursos que cuestionan esa construcción histórica, retomando la llamada “teoría de los dos demonios”.
Este cambio de clima político se profundizó con la llegada al poder de Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes impulsan una reinterpretación del pasado reciente bajo el concepto de “memoria completa”.
En este contexto, el oficialismo se negó a acompañar una declaración impulsada por el senador Eduardo de Pedro, que reafirmaba el consenso democrático en torno al rechazo del terrorismo de Estado. Incluso, la ministra Patricia Bullrich intentó modificar el texto incorporando una condena general a toda forma de violencia, lo que fue interpretado como un intento de equiparar los crímenes de la dictadura con los de organizaciones armadas.
Finalmente, ante la falta de apoyo político, el oficialismo optó por abstenerse, permitiendo la aprobación del documento por amplia mayoría. No obstante, el episodio dejó en claro que el consenso construido durante décadas ya no es uniforme y que el debate sobre los años 70 volvió a ocupar un lugar central en la agenda política.
A más de cuatro décadas del fin de la dictadura, la disputa por el sentido de la memoria sigue abierta, reflejando no solo diferencias ideológicas, sino también el impacto de un contexto social y económico que reconfigura las interpretaciones del pasado en la Argentina actual.
