El Gobierno nacional profundizó el ajuste sobre las provincias al reducir en un 65,65% real las transferencias no automáticas desde el inicio de la gestión. Como consecuencia, los recursos totales que reciben los distritos sumando envíos automáticos y discrecionales registraron una caída del 19% en términos reales, lo que equivale a unos 1,5 billones de pesos mensuales menos.
De acuerdo a un informe reciente, en los últimos 12 meses la variación interanual de las transferencias nacionales totales también se mantuvo en terreno negativo, con una baja del 3,2% real.
Frente a este escenario, el Ejecutivo dispuso un auxilio financiero para doce provincias mediante el Decreto 219/2026. Se trata de un anticipo de hasta $400.000 millones, que deberá ser devuelto antes de fin de año y con una tasa del 15% anual. El beneficio alcanza a distritos como Tucumán, Mendoza, Chaco, Salta y Santa Cruz, entre otros, que manifestaron dificultades para afrontar gastos urgentes y compromisos de deuda.
El trasfondo muestra un deterioro generalizado en las finanzas provinciales. En el primer trimestre del año, los recursos por coparticipación cayeron un 8%, mientras que la recaudación propia bajó cerca de un 4%. Con presupuestos altamente concentrados en áreas sensibles salud, educación, seguridad y seguridad social, el ajuste impactó directamente en los salarios y condiciones laborales de estos sectores.
El resultado es un mapa de conflictividad en expansión. Un relevamiento nacional indica que más del 80% de las provincias mantiene conflictos activos, principalmente en educación, salud, empleo público y fuerzas de seguridad. En muchos casos, los acuerdos alcanzados son transitorios y contemplan revisiones a corto plazo, en un contexto donde los aumentos salariales quedan rezagados frente a la inflación.
La situación se replica en casi todo el país. Desde Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, con reclamos por paritarias, hasta provincias como Catamarca, Chaco o Río Negro, donde los conflictos abarcan múltiples sectores estatales. En Tucumán, por ejemplo, las tensiones se concentran en educación, empleo público y el sistema científico.
Con menos recursos y mayores demandas, las provincias enfrentan un escenario complejo en el que la contención del gasto convive con una creciente presión social y sindical.
