Con el paso de los meses, distintos sectores enfrentados al gobierno de Javier Milei comenzaron a tender puentes y a construir una agenda común con el objetivo de mostrar fuerza política y social.
En ese escenario, la Confederación General del Trabajo tomó protagonismo al convocar a una movilización a Plaza de Mayo para el 30 de abril, en el marco del Día del Trabajador. La convocatoria no será aislada: contará con el acompañamiento de sectores de la Iglesia críticos de la gestión y de organizaciones sociales.
Entre ellas, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, liderada por Alejandro Gramajo, ya anticipó su participación en la protesta. Antes de la movilización, la organización mantendrá una reunión con la conducción de la CGT para coordinar acciones y compartir un diagnóstico sobre el impacto social de las políticas económicas actuales.
Uno de los principales focos de preocupación de estos sectores es la suspensión del programa “Volver al Trabajo”, medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que motivó recientes protestas con cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país.
A este armado también se suman agrupaciones como el Frente Piquetero y Libres del Sur, que vienen siguiendo de cerca la evolución del conflicto social y se integran a las acciones de protesta.
En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) convocó a un plenario de más de 1.500 delegados para el 1° de mayo, con el objetivo de debatir un programa del movimiento obrero y consolidar una agenda común frente al ajuste económico.
Desde este espacio remarcaron que la pérdida de poder adquisitivo y la caída del empleo afectan de manera transversal a distintos sectores, y plantearon como ejes centrales la continuidad de las movilizaciones y el rechazo a reformas laborales que consideren perjudiciales.
El frente sindical reúne a gremios de peso como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sindicatos docentes, aeronáuticos y marítimos, entre muchos otros.
En este contexto, también comenzaron a generarse acercamientos entre sectores industriales algunos vinculados a grandes grupos empresarios y la CGT, con la intención de elaborar un documento conjunto que incluya críticas al rumbo económico y propuestas para proteger la producción nacional.
Así, se empieza a configurar un frente amplio que combina actores sindicales, sociales e industriales, con el objetivo de disputar la agenda pública y marcarle límites al Gobierno en un escenario de creciente tensión social y política.
