La Justicia federal resolvió desestimar una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en municipios de Tucumán y concluyó que no existió delito, en una decisión que refuerza la situación del ministro del Interior provincial, Darío Monteros.
La investigación se había iniciado a partir de un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, basado en reportes de operaciones sospechosas remitidos a la Unidad de Información Financiera, que advertían sobre movimientos financieros inusuales en distintas intendencias.
Sin embargo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz concluyó que los hechos analizados no constituían delito penal. En la misma línea, el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez dispuso el archivo del expediente ante la falta de impulso por parte del Ministerio Público.
Durante el período investigado, Monteros se desempeñaba como intendente de Banda del Río Salí, uno de los municipios incluidos en la denuncia. Desde el inicio, el actual funcionario sostuvo que las operaciones observadas correspondían al pago de haberes a trabajadores no bancarizados, argumento que finalmente fue validado por la Justicia.
El expediente también involucraba a otras administraciones municipales y se inscribía en un análisis más amplio de movimientos de fondos durante el año electoral 2023. No obstante, la resolución judicial descartó la existencia de maniobras ilícitas y cerró la causa en el ámbito federal.
De este modo, el fallo no solo desactiva las sospechas iniciales, sino que también consolida la posición política e institucional de Monteros, al confirmar que no se acreditaron irregularidades en la gestión financiera bajo su administración.
