El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta destinada a fomentar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas mediante beneficios fiscales y estímulos a la inversión.
La medida fue oficializada a través del Decreto 242/2026 y establece las condiciones para que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) accedan a un esquema de incentivos orientado a fortalecer la producción, mejorar la competitividad y generar empleo.
El régimen apunta a dinamizar distintos sectores de la economía, promoviendo inversiones productivas que impulsen las cadenas de valor y aumenten las exportaciones de bienes y servicios. Podrán acceder aquellas empresas que cuenten con certificado MiPyME vigente, incluyendo hasta la categoría de Mediana Empresa Tramo 2.
En cuanto a los requisitos, el RIMI fija montos mínimos de inversión que varían según el tamaño de la empresa: desde US$150 mil para microempresas hasta US$9 millones para medianas tramo 2. También podrán adherirse entidades sin fines de lucro que desarrollen actividades productivas, siempre que cumplan con los parámetros establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Entre los beneficios más destacados, se encuentra un régimen de amortización acelerada para bienes de capital y obras productivas, además de mecanismos de devolución de IVA con prioridad según antigüedad. Estas ventajas comenzarán a regir una vez que las inversiones generen ganancias gravadas.
El esquema contempla un plazo de dos años para concretar las inversiones, aunque su implementación plena aún depende de normas complementarias que deberán emitir las autoridades económicas.
En ese sentido, el especialista Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, advirtió que si bien la reglamentación representa un avance importante, todavía restan definiciones clave para su operatividad. “Sin la normativa adicional no hay mecanismos concretos para adherirse ni para gestionar los beneficios”, explicó.
De este modo, el RIMI se perfila como una herramienta central en la estrategia oficial para reactivar la inversión privada, aunque su impacto dependerá de la rapidez con que se complete su implementación y de la confianza del sector empresarial en el nuevo esquema.
