La Justicia Federal de Orán, Salta, ordenó la prisión preventiva de tres hombres señalados como integrantes centrales de una organización dedicada al almacenamiento y transporte de estupefacientes, que utilizaba explotaciones agrícolas como fachada para acopiar droga en el norte salteño. Los sospechosos fueron detenidos el sábado en Colonia Santa Rosa.La medida fue resuelta por el juez federal de Garantías Gustavo Montoya, quien declaró legal la detención de los imputados, hizo lugar a la acusación formulada por la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal Marcos Romero, y fijó un plazo de 90 días de prisión preventiva. Además, concedió 120 días para profundizar la investigación.
Durante la audiencia, los hermanos identificados como A.R. y J.R., junto con el ciudadano venezolano J.B., fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes. A los dos hermanos también se les atribuyó el transporte de droga agravado por el número de participantes.
El fiscal Romero explicó que las nuevas detenciones son consecuencia de una pesquisa iniciada el 7 de enero pasado, cuando ya habían sido imputadas otras cinco personas vinculadas a la misma estructura criminal.
En aquella oportunidad, personal de Gendarmería Nacional actuó a partir de una denuncia anónima y realizó un control en una estación de servicio de Pichanal. Allí fue interceptado D.L.G.C., quien conducía un camión con semirremolque cargado con cajones de berenjenas.
Tras inspeccionar la mercadería con la intervención del perro antinarcóticos “Orfeo”, los efectivos detectaron 30 kilos de cocaína ocultos entre los cajones. En ese procedimiento también fueron detenidos J.P.C., conductor de un Volkswagen Gol, y sus acompañantes J.A., E.J.A. y J.C.Y.
Los cinco implicados fueron imputados por transporte de estupefacientes agravado y quedaron con prisión preventiva.
Posteriormente, el análisis de teléfonos secuestrados y las declaraciones de tres imputados que colaboraron como arrepentidos permitieron avanzar sobre la estructura superior de la organización. Según la fiscalía, así se logró establecer la participación de los hermanos como presuntos jefes del grupo y la intervención del ciudadano venezolano, que se había instalado meses atrás en Colonia Santa Rosa.
Los investigadores determinaron además que los acusados habían alquilado tres lotes rurales en esa localidad, donde cultivaban tomates y otras verduras para disimular la operatoria ilegal y facilitar el movimiento de la droga.
En paralelo, se realizaron tareas de vigilancia sobre otros inmuebles, entre ellos un local conocido como “El Bunker”, y se identificaron varias camionetas utilizadas para desplazarse entre distintas fincas bajo la apariencia de labores agrícolas.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que la cocaína era ingresada desde Bolivia y trasladada hasta un establecimiento ubicado en cercanías del Río Colorado, donde permanecía almacenada.
Con esos elementos, el juez Montoya ordenó ocho allanamientos. En una de las fincas destinadas al cultivo de tomates, los investigadores encontraron una zanja cubierta con malezas en la que se ocultaban ocho bolsas con 170 paquetes de cocaína, con un peso total de 171,450 kilos.
Frente a la magnitud del caso, la logística desplegada y la capacidad económica atribuida a los principales sospechosos, la fiscalía pidió la prisión preventiva de los tres detenidos.
Las defensas solicitaron arresto domiciliario, aunque el planteo fue rechazado. La fiscalía remarcó que el ciudadano venezolano registraba un pedido de captura nacional e internacional emitido por el juez federal Julio Bavio, mientras que J.R. había sido declarado en rebeldía por un juzgado de garantías de Lanús, provincia de Buenos Aires.
Finalmente, el magistrado desestimó los pedidos defensivos y mantuvo a los acusados detenidos mientras continúa la investigación.
