Los salarios del sistema universitario argentino atraviesan uno de sus momentos más críticos en décadas. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los ingresos de docentes y no docentes acumulan una pérdida del 32% del poder adquisitivo desde la asunción del presidente Javier Milei, alcanzando el nivel más bajo de los últimos 23 años.
El deterioro salarial se da en paralelo a un fuerte ajuste presupuestario que golpea de lleno a las universidades públicas. De acuerdo con el CIN, las transferencias a las casas de estudio registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, configurando un escenario inédito en términos de recorte de recursos.
Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) detalla que los salarios representan el 87,9% del presupuesto universitario, por lo que cualquier reducción impacta directamente en los ingresos del personal. En ese sentido, entre 2023 y 2025 los sueldos docentes cayeron un 30,5% en términos reales, mientras que los no docentes perdieron un 24,5%.
El problema se agrava al comparar la evolución de salarios e inflación: mientras los ingresos aumentaron un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los precios subieron un 280% en el mismo período. Esta brecha explica la pérdida del poder de compra y el fuerte malestar en el sector.
Desde el CIN advierten que el deterioro equivale a la pérdida de más de siete salarios mensuales en poco más de dos años. Para recuperar el nivel previo, calculan que sería necesario un incremento cercano al 47%.
En este contexto, las universidades nacionales resolvieron profundizar el plan de lucha. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) anunció un paro total de actividades entre el 27 de abril y el 2 de mayo, junto con la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria el próximo 12 de mayo.
El conflicto se da además en medio del debate por una nueva ley de financiamiento impulsada por el Gobierno, que según distintos sectores consolidaría el ajuste. Desde la UNL advierten que el presupuesto proyectado para 2026 sería un 31,4% menor al requerido por la normativa vigente, lo que podría profundizar la caída salarial hasta un 38% en los próximos meses.
Con más de 17 meses consecutivos de pérdida del poder adquisitivo, sin convocatoria a paritarias y con un sistema en tensión, el conflicto universitario suma presión a la agenda política y amenaza con escalar en las próximas semanas.
