En la previa del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo prepara una movilización masiva hacia Plaza de Mayo con un mensaje directo al gobierno de Javier Milei: la conflictividad social está en aumento y podría escalar.
La central obrera apuesta a mostrar fuerza en la calle, con el respaldo de movimientos sociales, culturales y políticos. El objetivo es claro: evidenciar que el descontento no es aislado, sino transversal a distintos sectores golpeados por la situación económica.
“Va a ser una movilización multitudinaria”, anticipó Cristian Jerónimo, uno de los referentes sindicales, quien aseguró que la jornada será pacífica pero contundente. Sin embargo, el tono del reclamo no deja margen para interpretaciones suaves: desde la CGT sostienen que “la gente no llega a fin de mes” y califican como “falacia” los datos oficiales sobre mejora salarial y empleo.
El mensaje de fondo es político. La dirigencia sindical ya habla de la necesidad de construir una alternativa más amplia que trascienda al peronismo tradicional, incorporando a distintos sectores sociales. En ese esquema, organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular también se sumarán a la protesta, consolidando un frente cada vez más heterogéneo.
Pero no todos acompañan. La Iglesia decidió tomar distancia de la convocatoria, lo que generó malestar dentro del sindicalismo, que esperaba una señal de respaldo en medio de la crisis.
Mientras tanto, el impacto de la jornada se sentirá en la vida cotidiana. Habrá servicios afectados, con posibles interrupciones en transporte, recolección de residuos y atención en organismos públicos, en un contexto donde distintos gremios ya confirmaron medidas de fuerza.
Desde la conducción cegetista no descartan que esta movilización sea apenas el comienzo. “Es el primer paso”, deslizó Jorge Sola, dejando abierta la puerta a un paro general si no hay respuestas.
La calle se convierte otra vez en termómetro. Y el mensaje que baja desde el sindicalismo es claro: el conflicto social ya está en marcha y el Gobierno deberá decidir si lo enfrenta… o lo escucha.
