La Legislatura de Tucumán fue escenario de un fuerte cruce político tras la decisión del oficialismo de prorrogar por dos años la emergencia en el transporte público, una medida que garantiza la continuidad de los subsidios a las empresas del sector pero que volvió a encender cuestionamientos por la calidad del servicio.
La iniciativa extiende la vigencia de la ley N° 9.773, que vencía el 31 de mayo, y permite al Poder Ejecutivo seguir transfiriendo fondos para sostener el sistema.
El argumento oficial: sostener el servicio
El legislador Tulio Caponio, presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos, defendió la medida y aseguró que se trata de una herramienta clave.
“Es el brazo ejecutor que tiene el Poder Ejecutivo para transferir subsidios”, explicó, al justificar la necesidad de evitar el colapso del sistema.
Según datos oficiales, solo en el último mes la Provincia destinó más de $5.000 millones a las empresas nucleadas en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán, mientras que el municipio capitalino aportó cerca de $2.000 millones adicionales.
Desde el Ejecutivo argumentan que la crisis del sector se profundizó por el aumento de costos, especialmente combustible y salarios, lo que hace inviable el funcionamiento sin asistencia estatal.
La oposición: “usuarios rehenes de un mal servicio”
Del otro lado, la oposición fue contundente y rechazó la prórroga. Legisladores de distintos espacios coincidieron en que se está naturalizando la emergencia sin resolver los problemas estructurales del transporte.
El legislador Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) cuestionó la lógica de extender medidas excepcionales en lugar de discutir soluciones de fondo.
En la misma línea, Silvia Elías de Pérez planteó la necesidad de cuidar el empleo pero con otro esquema, proponiendo subsidios más segmentados y controlados.
Por su parte, Walter Berarducci fue aún más duro: señaló que la cantidad de pasajeros cayó cerca de un 50% desde 2019, reflejando el deterioro del servicio y la pérdida de confianza de los usuarios.
Además, cuestionó que los fondos se canalicen hacia AETAT, una entidad que —según indicó— enfrenta denuncias por presuntas irregularidades.
Un sistema en crisis y sin salida clara
El debate dejó en evidencia un problema de fondo:
el transporte público sigue funcionando bajo un esquema de emergencia permanente, con fuerte dependencia de subsidios y sin mejoras visibles para los usuarios.
Mientras el oficialismo sostiene que sin esos recursos el sistema colapsaría, la oposición advierte que la falta de control y planificación profundiza una crisis que ya lleva años.
La prórroga ya es ley, pero el conflicto político y social en torno al transporte tucumano está lejos de resolverse.
