Las reiteradas declaraciones del presidente Javier Milei, en las que asegura que la economía dejó atrás su peor momento, comienzan a encontrar resistencia incluso dentro de su propio gobierno. Funcionarios de distintos niveles advierten, en privado, sobre un escenario marcado por la escasez de fondos y crecientes dificultades para sostener la gestión.
El principal factor detrás de esta tensión es la caída de la recaudación, producto de una desaceleración económica que impacta de lleno en las arcas del Estado. Según datos relevados en el primer bimestre del año, la recaudación real registró una contracción del 8%, encendiendo alarmas en áreas clave del Gobierno.
A esto se suma el deterioro del consumo. Un informe reciente de la consultora Scentia indicó que el consumo masivo cayó 5,1% interanual en marzo, acumulando tres meses consecutivos en baja. Este dato refleja un enfriamiento de la actividad que complica aún más el panorama fiscal.
Dentro del oficialismo, incluso, comienzan a matizar el discurso presidencial. Algunos sectores de La Libertad Avanza reconocen que no se esperan mejoras significativas en el corto plazo, aunque apuestan a una desaceleración en la caída de los indicadores.
El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta de manera directa las limitaciones presupuestarias. Según trascendidos, su respuesta ante pedidos de mayores recursos es tajante: “no hay plata”. Esta postura complica la articulación con gobernadores, quienes reclaman asistencia ante la caída de ingresos por coparticipación.
En ese contexto, el Gobierno deberá retomar en las próximas semanas el diálogo con las provincias para avanzar con una agenda legislativa clave, que incluye reformas estructurales y proyectos sensibles como el financiamiento universitario.
Sin embargo, los mandatarios provinciales llegan a esa negociación con demandas urgentes. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ya anticipó la necesidad de cerrar paritarias en torno al 40% para evitar conflictos salariales en su distrito, en un contexto de inflación persistente.
La tensión se agrava por la caída de los fondos coparticipables, lo que obliga a las provincias a intensificar sus pedidos de asistencia al Gobierno nacional. En marzo, la Casa Rosada giró apenas 47 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una cifra considerada insuficiente por varios gobernadores.
Así, mientras desde el entorno presidencial se insiste en que llegarán inversiones y se fortalecerá el ingreso de divisas, puertas adentro crecen las dudas sobre la capacidad del Estado para responder a una demanda creciente en un escenario de recursos limitados.
El desafío para la administración de Milei será sostener su narrativa de recuperación en medio de una realidad económica que, por ahora, sigue marcada por la fragilidad.
