El legislador Claudio Viña volvió a poner sobre la mesa el debate por la aplicación obligatoria de exámenes toxicológicos a funcionarios públicos en Tucumán y reclamó la plena vigencia de la Ley 8.850, una norma sancionada en 2016 que, según denunció, “permanece en el olvido”.
El planteo surgió luego de que la provincia de Salta avanzara con un sistema de narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes del Estado, incluyendo además intendentes, concejales y autoridades municipales, mediante una medida impulsada por decreto y luego avalada legislativamente.
“En hora buena el Gobierno provincial emprendió una política de Estado concreta y valiente para combatir el narcotráfico y sus nefastas derivaciones”, expresó Viña al referirse a la iniciativa salteña. Sin embargo, advirtió que Tucumán también debe avanzar en medidas similares.
“El combate contra el narcotráfico exige coherencia. Quienes ocupamos cargos públicos de responsabilidad institucional debemos demostrar estándares de ética e idoneidad moral”, sostuvo el parlamentario, quien insistió en la necesidad de actualizar y aplicar íntegramente la legislación vigente.
A través de un comunicado, el referente de Nueva Fuerza recordó que en febrero de 2025 presentó un proyecto para modernizar la Ley 8.850, iniciativa que ya cuenta con dictamen favorable en la Legislatura.
La propuesta contempla la realización de test toxicológicos anuales obligatorios para todos los funcionarios públicos, incluyendo integrantes de organismos de control, con el objetivo de verificar la ausencia de consumo de drogas o sustancias psicoactivas incompatibles con la función pública.
Además, el proyecto establece que aquellos funcionarios o agentes estatales que den positivo deberán ser licenciados y someterse a un tratamiento de recuperación antes de retomar sus funciones.
El debate tomó fuerza luego de la experiencia salteña, donde la normativa prevé tanto controles programados como pruebas sorpresivas para evitar posibles maniobras que alteren los resultados. La ley también incorpora mecanismos de resguardo, como la confidencialidad de los análisis y la posibilidad de solicitar contrapruebas.
Con este nuevo planteo, Viña busca instalar nuevamente una discusión que mezcla ética pública, transparencia y lucha contra el narcotráfico, en un contexto donde la seguridad y el avance de las drogas aparecen entre las principales preocupaciones sociales en Tucumán.
