El Gobierno de Javier Milei avanzó con uno de los mayores recortes presupuestarios del año contra provincias y municipios al eliminar transferencias directas y profundizar la paralización de obras públicas estratégicas en el interior del país.
La medida quedó formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y representa un ajuste superior a los $970.000 millones sobre recursos destinados a administraciones provinciales, desarrollo regional e infraestructura hídrica.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el recorte se concentró principalmente en partidas bajo la órbita de Ministerio del Interior y del área de Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Uno de los puntos más sensibles fue la eliminación de $494.290 millones en transferencias para gastos corrientes de las provincias, a lo que se suman otros $155.710 millones vinculados a servicios sociales destinados al interior argentino.
Además, el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” sufrió una poda de más de $320.711 millones, afectando recursos destinados tanto a gobiernos provinciales como municipales.
El impacto también golpeó de lleno a la obra pública.
El Ministerio de Economía desactivó el programa “Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento”, eliminando más de $27.641 millones destinados a proyectos hídricos y sanitarios en distintas provincias.
Entre las obras afectadas aparece el Acueducto Vipos en Tucumán, que sufrió un recorte superior a los $7.359 millones.
También quedaron alcanzados el Sistema de Agua Potable de Concordia, la Planta Depuradora de Cloacas de Rafaela y el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut.
La decisión profundiza el conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores, que desde hace meses vienen reclamando mayores fondos y denunciando el deterioro financiero de las provincias.
En varios distritos ya advierten que la caída de recursos nacionales pone en riesgo salarios estatales, obras de infraestructura y programas sociales.
Mientras el oficialismo sostiene que el ajuste es necesario para sostener el equilibrio fiscal, desde las provincias alertan que el recorte amenaza con paralizar servicios esenciales y frenar el desarrollo del interior profundo.
El nuevo golpe presupuestario se produce además en un contexto de caída de la recaudación, baja del consumo y creciente tensión económica en gran parte del país.
