En medio de los crecientes reclamos por falta de medicamentos, demoras en prestaciones médicas y cortes de servicios en distintas provincias, el Gobierno nacional aprobó un auxilio financiero de $580.000 millones para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
La asistencia fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por Federico Furiase y Carlos Guberman.
Según detalla la normativa, el objetivo del aporte es que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios” para millones de jubilados y pensionados en todo el país.
El dato que genera fuerte impacto político y económico es que el financiamiento se realizará mediante una ampliación en la emisión de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), es decir, el Estado tomará deuda para asistir financieramente al PAMI en medio de una delicada situación presupuestaria.
Desde el Gobierno reconocieron en los considerandos de la medida la “crítica situación financiera” que atraviesa el organismo, que en los últimos meses quedó en el centro de las críticas por problemas en la entrega de medicamentos, retrasos en pagos a prestadores y dificultades en la atención sanitaria.
Cómo será el desembolso
El auxilio financiero se dividirá en tres tramos:
- Un primer desembolso equivalente al 33% del total mediante letras con vencimiento el 31 de julio de 2026, por más de $173.672 millones.
- Un segundo tramo, también del 33%, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, por más de $164.037 millones.
- El 34% restante se cubrirá con letras que vencerán el 30 de septiembre de 2026, por un monto superior a los $187.363 millones.
Los instrumentos financieros serán entregados a valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.
La resolución también establece que las letras deberán ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio financiero, en línea con lo previsto por la Ley de Presupuesto 2026.
La decisión del Ministerio de Economía llega en un contexto de fuerte presión social sobre el sistema de salud para jubilados, mientras el Gobierno intenta sostener el equilibrio fiscal sin frenar áreas sensibles vinculadas a prestaciones sociales y sanitarias.
