A pesar de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional para intentar frenar la denominada “industria del juicio”, la litigiosidad laboral continúa en aumento en Argentina y ya enciende alarmas tanto en el sector empresario como en el sistema de Riesgos del Trabajo.
Los últimos datos oficiales correspondientes a abril de 2026 reflejan una tendencia que preocupa: durante el primer cuatrimestre del año se acumularon 39.687 nuevos conflictos y demandas judiciales entre trabajadores y empleadores, lo que representa un incremento del 2,3% respecto al mismo período de 2025.
Con estos números, las proyecciones estiman que el sistema podría cerrar el año con más de 138.600 juicios laborales, una cifra que vuelve a colocar a la Argentina entre los países con mayor nivel de litigiosidad laboral de la región.
Solo en abril se registraron 12.727 nuevas demandas, consolidando una dinámica ascendente que el oficialismo no logró revertir pese a las modificaciones incluidas dentro de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
Desde sectores empresarios sostienen que el volumen de litigios resulta “desproporcionado” frente a sistemas comparables de otros países y advierten que el fenómeno impacta directamente sobre la contratación formal y el costo laboral.
Sin embargo, desde sectores sindicales y laborales responden que el aumento de conflictos está directamente relacionado con el deterioro económico, los despidos, la precarización y el crecimiento de tensiones entre empresas y trabajadores en medio del ajuste económico.
Santa Fe aparece como una de las provincias más afectadas por la escalada judicial. El distrito gobernado por Maximiliano Pullaro registró una suba interanual del 24,9% en la cantidad de juicios laborales y acumuló 6.535 nuevos casos en apenas cuatro meses, ubicándose entre las jurisdicciones con mayor conflictividad del país.
En paralelo, Entre Ríos encabeza el ranking nacional de crecimiento acumulado en los últimos doce meses, con un aumento del 33%, mientras que Chubut continúa mostrando niveles elevados de litigiosidad pese a una leve desaceleración respecto de los picos registrados en 2025.
La provincia de Buenos Aires, en cambio, mostró una baja mensual del 4,9% en abril, aunque mantiene niveles similares a los del año pasado en términos acumulados.
El incremento sostenido de las demandas reabre el debate sobre el impacto real de la reforma laboral libertaria y sobre la capacidad del Gobierno para equilibrar flexibilidad laboral, seguridad jurídica y protección de derechos en un contexto económico todavía marcado por la recesión, la caída del empleo formal y la pérdida del poder adquisitivo.
