La Libertad Avanza decidió postergar hasta la primera semana de junio la sesión del Senado en la que se tratarán 73 pliegos judiciales, en una jugada que expone las tensiones políticas y judiciales que atraviesan al oficialismo en medio de causas sensibles vinculadas al fútbol argentino y al poder dentro de la AFA.
Según trascendió en el ámbito parlamentario, el oficialismo tenía previsto avanzar esta semana con la sesión, pero finalmente optó por reprogramarla para el próximo 4 de junio debido a la ausencia de varios legisladores y a la necesidad de consolidar acuerdos internos. Además de los pliegos judiciales, el temario incluirá el tratamiento del pago a fondos buitres y el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
Sin embargo, el dato político más fuerte es la decisión del Gobierno nacional de frenar los ascensos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, ambos propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La determinación estaría directamente relacionada con sus intervenciones en expedientes vinculados al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Fuentes parlamentarias indicaron que los pliegos no serán retirados formalmente, pero quedarán congelados en la Comisión de Acuerdos hasta que el oficialismo defina cómo avanzar políticamente con esas designaciones.
La maniobra deja al descubierto el delicado equilibrio que intenta sostener el Gobierno entre el armado judicial y las disputas de poder que atraviesan sectores clave del establishment político y deportivo argentino.
Mientras tanto, la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto, ya emitió dictamen favorable para 73 postulaciones a jueces, fiscales y defensores oficiales. Entre ellas aparecen nombres ligados a familias históricas del Poder Judicial, como Ana María Cristina Juan —esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi—, Emilio Rosatti —hijo del presidente de la Corte Suprema— y Laureano Durán y Juan Moldes, vinculados a reconocidos magistrados federales.
En paralelo, el Senado convocó para el 9 de junio a una nueva audiencia pública para evaluar a otros siete candidatos que buscan ocupar vacantes estratégicas en distintas cámaras nacionales de apelaciones.
Uno de los casos que genera mayor expectativa es el del juez laboral Víctor Pesino, quien deberá renovar por cinco años su permanencia en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo luego de alcanzar la edad jubilatoria. Pesino fue uno de los magistrados que dejó en suspenso el fallo que había frenado parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno tras un planteo de la CGT.
También aparecen postulaciones de fuerte peso político y judicial, como la de la jueza laboral Marina Edith Pisacco esposa del periodista Adrián Ventura, además de otros magistrados que buscarán ocupar cargos en distintas salas laborales y federales.
La decisión de congelar determinados pliegos refleja que el oficialismo no sólo está negociando votos en el Senado, sino también administrando cuidadosamente los equilibrios de poder dentro de la Justicia y del entramado político que rodea al Gobierno de Javier Milei.
