Mientras el oficialismo atraviesa nuevas tensiones políticas y crecen las diferencias internas, el Gobierno nacional enfrenta otro frente de conflicto: la delicada situación financiera del sistema de prestaciones médicas del PAMI.
Ante las fuertes advertencias de clínicas, sanatorios y prestadores de salud de todo el país, el ministro de Economía, Luis Caputo, trabaja en un plan para actualizar los valores que perciben las instituciones privadas y evitar que se profundice la crisis en la atención de jubilados y pensionados.
Según trascendió, la preocupación llegó a la Casa Rosada luego de que distintas cámaras empresarias denunciaran atrasos en los pagos, desfasajes en los aranceles y débitos que consideran injustificados, una situación que pone en riesgo la continuidad de numerosos servicios médicos.
La administración de Javier Milei busca desactivar el conflicto antes de que impacte directamente sobre millones de afiliados al PAMI y se convierta en un nuevo foco de desgaste político.
Las entidades prestadoras aseguran que existe un atraso acumulado superior al 100% en los valores que reciben por las prestaciones médicas y cuestionan que los incrementos anunciados para junio y julio apenas alcanzan el 1,9% mensual.
Desde el sector advierten que la situación es cada vez más crítica y que muchas instituciones tienen serias dificultades para sostener su funcionamiento normal.
El reclamo fue elevado a las autoridades del organismo que conduce Esteban Leguízamo, donde reconocen la existencia de problemas, aunque los prestadores consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento.
Las cámaras empresarias remarcaron que el sistema privado representa una parte fundamental de la atención sanitaria argentina y recordaron que más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen a establecimientos privados.
Por ese motivo, alertaron que cualquier deterioro en el funcionamiento del sector puede repercutir directamente en la atención médica de millones de personas.
Además de una actualización urgente de los aranceles, los prestadores reclaman un esquema más transparente de contratación, reglas previsibles de financiamiento y una revisión de los mecanismos de débitos y ajustes aplicados a las facturaciones.
En el Gobierno aseguran que habrá respuestas y que el objetivo es garantizar la continuidad de las prestaciones para jubilados y pensionados, evitando que la crisis sanitaria se transforme en un problema político de mayor escala.
La discusión se da en un momento especialmente sensible para la Casa Rosada, que intenta recuperar la iniciativa política y sostener el foco en la recuperación económica mientras enfrenta tensiones internas y nuevos desafíos de gestión.
