El Gobierno nacional comenzó a redefinir su postura frente a la Ley de Financiamiento Universitario luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la vigencia de la medida cautelar y exige el cumplimiento de la norma. La decisión judicial obligó a la administración de Javier Milei a replantear su estrategia y evaluar mecanismos para garantizar el envío de los fondos a las universidades nacionales.
Hasta ahora, la Casa Rosada mantenía una posición de rechazo a la ley por considerar que su impacto fiscal, estimado en $1,3 billones, era incompatible con el objetivo de sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, tras el revés judicial, el Ministerio de Economía comenzó a analizar alternativas para cumplir con lo dispuesto por la Justicia sin afectar el superávit fiscal.
Fuentes oficiales señalaron que el ministro Luis Caputo estudia una reasignación de partidas presupuestarias para afrontar las obligaciones que establece la ley, aunque remarcan que el equilibrio fiscal seguirá siendo una prioridad para el Gobierno.
El fallo también generó tensiones dentro del oficialismo. Algunos sectores cuestionan la estrategia judicial impulsada por el Ministerio de Justicia, al considerar que la apuesta por frenar la aplicación de la norma no dio los resultados esperados y terminó fortaleciendo la posición de las universidades.
La resolución de la Corte modifica el escenario político y financiero para el Ejecutivo, que ahora deberá instrumentar una salida que permita cumplir con la legislación vigente mientras intenta preservar su programa económico.
Desde el ámbito universitario, la decisión fue recibida con satisfacción. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, sostuvo que el fallo representa «un paso fundamental» para normalizar el financiamiento del sistema universitario y garantizar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso.
