La investigación por el hallazgo de 66 kilos de cocaína en una camioneta en Salta, en el marco de una presunta «mejicaneada» entre organizaciones narcocriminales, sumó un nuevo capítulo que complica a los policías tucumanos involucrados en el procedimiento. Además de ser investigados por su presunta participación en el episodio, ahora fueron denunciados por haber utilizado una camioneta que permanecía secuestrada por orden judicial en una causa por robo.
El caso se originó el domingo, cuando la esteticista Delia Yolanda Tame y la médica de Gendarmería Nacional Ivana Georgina Portal viajaban hacia Tucumán en una Renault Duster que ocultaba 66 kilos de cocaína en un doble fondo. Durante el trayecto fueron interceptadas por dos camionetas cuyos ocupantes intentaron obligarlas a detenerse y, ante la negativa, comenzaron a disparar contra el vehículo.
Las mujeres lograron escapar y buscaron refugio en una vivienda de la localidad salteña de El Potrero, ubicada a unos 20 kilómetros del límite con Tucumán. Los propietarios del inmueble alertaron a la Policía y, cuando los efectivos arribaron al lugar, comprobaron dos hechos clave: que las ocupantes transportaban un importante cargamento de cocaína y que un grupo de personas había intentado apoderarse de esa carga.
Mientras se desarrollaban las actuaciones apareció una camioneta blanca en la que se movilizaban cuatro efectivos de la Policía de Tucumán. Según la reconstrucción de los hechos, dos permanecieron dentro del vehículo y los otros manifestaron que realizaban tareas de patrullaje cuando un automovilista les advirtió sobre una balacera en la Ruta Nacional 34. Sin embargo, cuando quedó al descubierto la droga, abandonaron el lugar sin dejar constancia oficial de su intervención.
Esa conducta motivó la apertura de una investigación encabezada por el fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, quien intenta establecer cuál fue el verdadero motivo de la presencia de los uniformados tucumanos en territorio salteño.
Los policías sostuvieron que acudieron por razones humanitarias luego de recibir el aviso de un automovilista sobre un ataque armado contra una Renault Duster. De acuerdo con esa versión, el primer policía salteño que llegó al lugar les solicitó colaboración y permanecieron allí hasta el arribo de nuevos refuerzos, momento en el que decidieron retirarse.
La pesquisa avanzó rápidamente. Toranzos ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de los siete efectivos que prestaban servicios en el destacamento involucrado, además del libro de guardia y de la Toyota SW4 utilizada para trasladarse. A partir de esas medidas comenzaron a surgir irregularidades que agravaron la situación procesal de los investigados.
Durante una audiencia, el fiscal reveló que no existía ningún registro oficial que respaldara la versión brindada por los uniformados. No quedó asentado el supuesto aviso del automovilista ni fue posible identificar a esa persona. Además, la investigación determinó que la Toyota SW4 utilizada no pertenecía al parque automotor policial, sino que era un vehículo secuestrado en una causa judicial por robo.
Ahora, el Ministerio Público aguarda los resultados de las pericias balísticas sobre las armas incautadas para definir la situación procesal de los policías, que por el momento aparece seriamente comprometida.
En paralelo, Toranzos mantiene abiertas dos hipótesis sobre el rol que habrían desempeñado los efectivos. La primera sostiene que podrían haber sido convocados por Jorge «Xuxa» Troichuque para colaborar en el intento de apoderarse del cargamento de cocaína. La segunda línea de investigación apunta a un eventual acuerdo previo con los responsables del transporte de la droga para evitar controles y a una posterior intervención cuando tomaron conocimiento del ataque sufrido por las transportistas.
Con el avance de la causa surgieron nuevos elementos que complican aún más a los uniformados, quienes ya fueron separados preventivamente de la fuerza. La Toyota SW4 había sido secuestrada el 16 de junio durante un operativo del Operativo Lapacho. La investigación determinó que el vehículo había sido robado en Córdoba y que circulaba con la patente correspondiente a otra camioneta similar mientras era trasladado hacia Bolivia.
En esa causa intervino el fiscal Carlos Saltor, quien obtuvo la prisión preventiva para el conductor, un ciudadano jujeño acusado de encubrimiento. Esa medida cautelar fue prorrogada recientemente y el representante del Ministerio Público había dispuesto que la camioneta permaneciera bajo secuestro judicial hasta esclarecer completamente su origen.
Las averiguaciones confirmaron además que el vehículo seguía siendo buscado por la Justicia cordobesa y que ya se estaban realizando los trámites para restituirlo a su legítimo propietario.
Pese a ello, el domingo la camioneta fue utilizada por los policías tucumanos para trasladarse hasta Salta sin que, hasta el momento, exista una autorización judicial que justificara su utilización. Ante esa situación, Saltor presentó un requerimiento formal para que se investigue la conducta de los efectivos al considerar que podrían haber incurrido en un nuevo delito.
De acuerdo con las normas procesales, esa investigación deberá quedar a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira.
El propietario de la Toyota SW4 aparece, por ahora, como uno de los principales damnificados. Para recuperar el vehículo deberá iniciar nuevas gestiones judiciales, ya que la camioneta volvió a quedar secuestrada por disposición del fiscal Ricardo Toranzos y permanecerá bajo custodia hasta que concluyan las pericias ordenadas en el marco de la investigación federal.
