El Colegio de Abogados de Tucumán y el Colegio de Abogados del Sur presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra las leyes provinciales N.º 9.987 y N.º 9.988, mediante las cuales se reformó la estructura del Poder Judicial y diversos aspectos del sistema procesal de la provincia.
Las entidades sostienen que las modificaciones impulsadas por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y aprobadas por la Legislatura vulneran garantías constitucionales esenciales, entre ellas el principio del juez natural, la defensa en juicio, la tutela judicial efectiva, la especialización de los magistrados, la seguridad jurídica y el adecuado ejercicio profesional de la abogacía.
El principal cuestionamiento apunta al nuevo modelo organizativo que reemplaza el esquema tradicional de juzgados especializados por un sistema de competencias múltiples o «multifueros», permitiendo que un mismo órgano judicial intervenga en distintas materias según las necesidades de cada Centro Judicial.
Para los colegios profesionales, la especialización de los tribunales constituye una garantía fundamental del debido proceso y no puede ser reemplazada únicamente por criterios de eficiencia administrativa.
En ese sentido, advirtieron que ampliar competencias sin preservar la especialización de los jueces puede afectar la calidad del servicio de justicia y el acceso efectivo de los ciudadanos a una tutela judicial adecuada.
Entre los cambios más cuestionados figura la reorganización del Centro Judicial Capital, donde se unifican las cámaras civiles en un único tribunal integrado por cinco salas, y la creación de un Colegio de Jueces Penales compuesto por 38 magistrados, medida que —según sostienen— diluye la especialización histórica de los distintos fueros.
Las críticas también alcanzan a la reorganización prevista para los centros judiciales del interior, como Concepción y Monteros, donde se reducen estructuras y se fusionan juzgados, además de disminuir la integración de algunas cámaras.
Otro de los puntos objetados es la ampliación de competencias de los Juzgados de Paz Letrados, que pasarán a intervenir en procesos de divorcio sin efectos patrimoniales, alimentos provisorios, regímenes comunicacionales, desalojos con contrato escrito, guardas judiciales y causas de consumo.
Asimismo, la demanda cuestiona la transferencia de determinadas competencias al fuero contencioso administrativo, las modificaciones introducidas en el Código Procesal Penal y la delegación de amplias facultades reglamentarias a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para implementar la nueva estructura judicial.
Los colegios de abogados señalaron que reconocen la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento de la Justicia, pero advirtieron que esas reformas no pueden realizarse en detrimento de las garantías constitucionales, la independencia judicial, la especialización de los magistrados y el derecho de defensa de los ciudadanos.
