El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de licitación para la exploración de hidrocarburos en una nueva área offshore de la Plataforma Continental Argentina. La medida fue oficializada mediante el Decreto 590/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La iniciativa comprende el área denominada CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, con una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. El objetivo es determinar el potencial de recursos energéticos y avanzar en el desarrollo de nuevas reservas de petróleo y gas.
La decisión se originó a partir de una manifestación de interés presentada el 14 de febrero de 2025 por la empresa Challenger Energy Group PLC, que impulsó el inicio del procedimiento para la exploración del bloque.
El decreto instruye a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar los permisos de exploración y, eventualmente, las concesiones de explotación de hidrocarburos.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que el desarrollo de estas actividades permitirá maximizar la renta obtenida de los recursos naturales, fomentar inversiones, generar empleo e impulsar el crecimiento económico.
La convocatoria se apoya además en el reconocimiento internacional de los límites de la Plataforma Continental Argentina, ampliada en más de 1.782.500 kilómetros cuadrados tras las recomendaciones formuladas por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas en 2016.
Con el objetivo de garantizar transparencia y atraer compañías con capacidad técnica y financiera, la Secretaría de Energía quedó facultada para aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y dictar todos los actos administrativos necesarios para el proceso licitatorio.
Los futuros adjudicatarios deberán abonar las regalías correspondientes sobre la producción, conforme a lo establecido por la Ley 17.319 de Hidrocarburos.
Asimismo, el decreto contempla la posibilidad de incorporar cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales para la resolución de controversias. No obstante, aclara expresamente que esa disposición no implica renunciar a la inmunidad de ejecución sobre bienes soberanos del Estado argentino.
Entre los activos protegidos figuran las reservas internacionales del Banco Central, los bienes de dominio público, aquellos destinados a la prestación de servicios públicos esenciales, el patrimonio militar, los bienes culturales y otros activos alcanzados por las normas de inmunidad soberana.
