El Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones mediante el DNU 681/2026 y estableció nuevas restricciones para el ingreso y permanencia de extranjeros que promuevan discursos de odio o inciten a la violencia contra la Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos patrios.
La medida faculta al Estado a denegar el ingreso al país, cancelar permisos de residencia ya otorgados y disponer la expulsión de quienes incurran en estas conductas, previo análisis de cada caso por parte de la Dirección Nacional de Migraciones.
La reforma incorpora como nueva causal de inhabilitación las expresiones orales o escritas que fomenten el odio, la violencia contra los argentinos o las ofensas a los símbolos nacionales. Además, modifica el artículo 62 de la ley para permitir la revocación de residencias a extranjeros involucrados en este tipo de hechos.
Desde la Casa Rosada aclararon que la normativa no restringe la libertad de expresión, ya que no alcanzará a opiniones políticas, ideológicas, académicas o críticas realizadas dentro del marco constitucional.
Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que en los últimos tiempos aumentaron las manifestaciones de hostilidad hacia la identidad y la cultura argentina, generando un riesgo para la convivencia social y el respeto a las instituciones nacionales.
Para fundamentar la decisión, el Gobierno citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce la potestad del Estado para fijar las condiciones de ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros.
El decreto entrará en vigencia este viernes 31 de julio y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá analizar su validez constitucional antes de su tratamiento en ambas cámaras.
Tras la publicación de la medida, el presidente Javier Milei difundió un mensaje en sus redes sociales donde afirmó: «La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país.»
