La interna política entre sectores vinculados a Mariano Campero y La Libertad Avanza escaló a la Justicia Federal luego de que el concejal Mauricio Argiró presentara una denuncia penal contra el diputado nacional Federico Pelli por presuntas irregularidades en sus cambios de domicilio.
La presentación busca determinar si las modificaciones registrales realizadas por Pelli respondieron a mudanzas efectivas o si tuvieron como finalidad acreditar una residencia en Yerba Buena para una eventual candidatura a intendente.
Según la denuncia, el legislador habría realizado dos cambios de domicilio en un período inferior a 72 horas. El último domicilio declarado corresponde a avenida Aconquija 1.526, donde funciona Tennessee, un inmueble de uso comercial o profesional.
Argiró sostiene que Pelli habría reconocido públicamente que no reside en ese lugar, sino en el barrio Alto Verde II, en Cebil Redondo. Además, incorporó como elemento de prueba una entrevista realizada el 28 de julio, en la que el diputado afirmó: «Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente».
La denuncia también solicita investigar una eventual participación de Lisandro Catalán y de funcionarios del Registro Nacional de las Personas (Renaper) que pudieran haber intervenido en los trámites cuestionados.
El concejal pidió determinar si Catalán, quien estuvo al frente del Ministerio del Interior —organismo del que depende el Renaper— pudo haber impartido órdenes o facilitado actuaciones contrarias a derecho.
La controversia había comenzado a fines de julio, cuando el diputado nacional Mariano Campero cuestionó públicamente la residencia declarada por Pelli y anticipó que recurriría a la Justicia.
Por el momento, Pelli decidió no realizar declaraciones sobre la denuncia, mientras que desde La Libertad Avanza Tucumán también mantuvieron silencio.
El espacio libertario, sin embargo, ya había respaldado públicamente la eventual candidatura de Pelli y aseguró que el diputado cumple con los requisitos legales para competir por la Intendencia de Yerba Buena. Según LLA, el legislador reside en el municipio desde hace más de seis años.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si existieron irregularidades en los cambios de domicilio denunciados y si estos tuvieron alguna relación con una eventual estrategia electoral.
