El Gobierno de Javier Milei agotará una nueva instancia judicial en Estados Unidos para intentar evitar o postergar el pago de US$ 390,9 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, en un litigio que lleva más de una década y que atraviesa una etapa decisiva.
La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, solicitará a la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia que revise el fallo que reconoció la condena derivada del laudo del CIADI de 2017, que había establecido una indemnización de US$ 321 millones más intereses a favor del grupo español Marsans.
Los derechos del reclamo fueron posteriormente adquiridos por Burford Capital y luego por Titan Consortium, que actualmente reclama US$ 390,9 millones, más los intereses acumulados.
La Justicia estadounidense ya rechazó el argumento argentino de que el reclamo se encontraba prescripto. Tanto el tribunal de primera instancia como la Cámara de Apelaciones consideraron que el plazo aplicable era de 12 años y validaron el reconocimiento del laudo.
Ante ese escenario, el Gobierno buscará que la propia Cámara revise su decisión como paso previo a una eventual presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La estrategia oficial apunta a ganar tiempo y evitar que Titan pueda avanzar rápidamente sobre activos argentinos ubicados en territorio estadounidense. También se analizan alternativas de negociación para afrontar eventualmente el reclamo.
El caso representa una nueva presión sobre las cuentas públicas, ya que un desembolso cercano a los US$ 400 millones implicaría un impacto significativo en un contexto de restricciones externas y fuerte disciplina fiscal.
En la Casa Rosada esperan que la estrategia jurídica permita replicar, al menos parcialmente, el resultado obtenido en el litigio por YPF, donde el Gobierno consiguió frenar una millonaria pretensión contra el Estado argentino.
El conflicto por Aerolíneas Argentinas vuelve así a poner en discusión las consecuencias económicas y judiciales de las reestatizaciones realizadas durante el kirchnerismo y el costo que esas decisiones continúan generando para el Estado argentino.
