El Gobierno nacional descartó la posibilidad de establecer un piso salarial obligatorio de $1.000.000, ya sea a través del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) o mediante la homologación de los convenios colectivos de trabajo.
Desde la Secretaría de Trabajo aclararon que, si bien existió una sugerencia informal dirigida a cámaras empresarias y gremios para revisar la situación de las categorías salariales más bajas, no habrá una imposición oficial y cada sector deberá definir sus acuerdos en el marco de las negociaciones paritarias.
La aclaración se produjo luego del fracaso de la reunión plenaria del Consejo del Salario, realizada este viernes, donde no se logró alcanzar un acuerdo entre empresarios y representantes sindicales.
La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta presentada por las cámaras empresariales, que contemplaba un incremento del 1,8% en septiembre y subas mensuales del 1,7% a partir de octubre.
Ante la falta de consenso, el Poder Ejecutivo confirmó que será el encargado de establecer el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil mediante un laudo.
Actualmente, el salario mínimo se encuentra en $376.600.
La CGT reclama una actualización considerablemente mayor y sostiene que el salario mínimo debería alcanzar los $911.202, con una suba hasta los $993.300 en diciembre.
La postura oficial generó críticas dentro de la central obrera. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, cuestionó la versión sobre una sugerencia de establecer un piso salarial de $1.000.000 y la calificó como una “operación de prensa”.
Además, planteó que existe una contradicción en la posición del Gobierno respecto de las negociaciones salariales. “Ya que actúan elevando el piso, debieran dejar de poner el techo”, sostuvo.
Desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron que no establecerán un mecanismo obligatorio para alcanzar esa cifra y aseguraron que no intervendrán en los acuerdos privados entre empresas y trabajadores.
De esta manera, el Gobierno busca mantener acotados los incrementos salariales generales, con el objetivo de evitar un mayor traslado a los precios, mientras deja en manos de cada sector la posibilidad de mejorar los ingresos de las categorías más postergadas.
