El legislador y presidente del bloque Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para establecer por un año la emergencia tarifaria eléctrica en Tucumán y aplicar una serie de medidas destinadas a reducir el impacto de las boletas de luz sobre las familias.
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la reducción a cero de la alícuota de Ingresos Brutos que actualmente grava con un 3,75% la actividad de distribución de energía eléctrica.
Bussi cuestionó al gobernador Osvaldo Jaldo por el peso de la carga tributaria provincial sobre las facturas. “Mientras el gobernador busca responsables afuera, debería mirar la mochila tributaria que su propio Gobierno coloca sobre los tucumanos”, sostuvo.
Según los fundamentos del proyecto, durante el último año las tarifas eléctricas acumularon incrementos de entre 38% y 44%, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo. El legislador también señaló que aproximadamente el 26% de la factura corresponde a impuestos y tasas de distintos niveles del Estado.
Buscan que la factura cobre únicamente el servicio eléctrico
La propuesta también plantea prohibir que municipios y comunas rurales incorporen sus tributos directamente en la factura de EDET.
El proyecto establece que la empresa concesionaria no podrá incluir tasas, contribuciones, cargos o gravámenes que no estén estrictamente vinculados con el servicio de distribución de energía contratado por el usuario.
En ese sentido, Bussi apuntó especialmente contra el mecanismo utilizado para cobrar el alumbrado público, que según el proyecto representa entre el 7% y el 14% del monto total de algunas facturas.
“La factura de la luz debe cobrar únicamente la luz. Los vecinos no pueden quedar bajo amenaza de corte del suministro por tasas que nada tienen que ver con la energía que consumen”, afirmó el legislador.
Las municipalidades y comunas que actualmente utilizan la boleta de EDET para percibir esos conceptos tendrían un plazo de 180 días para adecuar sus sistemas de cobro.
La iniciativa contempla además que estas disposiciones continúen vigentes aun si se concreta la transferencia del paquete accionario mayoritario de la distribuidora a un nuevo operador privado.
Bussi cerró su planteo con una crítica directa al Gobierno provincial: “Jaldo tiene que elegir entre seguir defendiendo la caja del Estado o aliviar verdaderamente el bolsillo de los tucumanos”.
