El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que tiene como uno de sus ejes centrales la protección de los recursos naturales de las Islas Malvinas y de la Plataforma Continental Argentina, pero que además propone modificaciones más amplias en materia de defensa, seguridad, inteligencia y protección de infraestructura crítica.
El proyecto amplía el régimen vigente y propone reemplazar la Ley 26.659 para incorporar sanciones contra quienes participen de la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las Malvinas, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental.
Penas de hasta 20 años
Uno de los puntos centrales es el endurecimiento de las sanciones. El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones, y extiende la responsabilidad a distintos actores vinculados con las empresas involucradas, incluidos proveedores, socios, accionistas y controlantes, según los supuestos establecidos en la iniciativa. citeturn0news2turn0search22
Las empresas alcanzadas por las sanciones podrían quedar impedidas de desarrollar actividades económicas en la Argentina. También se prevé la revocación de habilitaciones y beneficios, la rescisión de contratos y la creación de un registro público de infractores.
El proyecto incorpora, además, la posibilidad de juicio en ausencia para determinados delitos contemplados en el nuevo régimen.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
Otra de las novedades es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por funcionarios de áreas estratégicas del Gobierno.
El organismo tendrá entre sus objetivos coordinar las políticas vinculadas con defensa, diplomacia, economía, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
La propuesta forma parte de una arquitectura de seguridad más amplia que el Ejecutivo pretende incorporar mediante la modificación del régimen de Defensa Nacional. citeturn0search16
Protección del espacio aéreo y marítimo
El proyecto también establece nuevas reglas para responder ante aeronaves consideradas hostiles y embarcaciones que representen una amenaza.
Para el espacio aéreo se contempla una secuencia progresiva que incluye identificación, advertencia, demostración de fuerza y, como último recurso, el uso de la fuerza bajo las condiciones establecidas por el proyecto.
En el ámbito marítimo se prevén medidas como persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización. El hundimiento aparece como una medida excepcional y sujeta a autorización presidencial, mientras que el proyecto establece restricciones específicas para evitar su utilización como simple mecanismo para impedir la fuga de una embarcación civil. citeturn0search22
Medidas económicas frente a amenazas externas
El proyecto también incorpora herramientas para responder ante amenazas consideradas graves e inminentes provenientes de Estados o actores extranjeros.
Entre las medidas previstas aparecen restricciones sobre determinadas operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones, restricciones comerciales y modificaciones temporales de derechos aduaneros.
Según el proyecto, estas medidas deberán estar fundamentadas y tener una duración determinada, vinculada a las circunstancias que las originaron.
Restricciones a la influencia extranjera
Otro capítulo incorpora nuevas restricciones sobre la intervención de actores extranjeros en la política argentina.
La iniciativa propone prohibir determinados aportes de personas extranjeras sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.
También plantea nuevos delitos relacionados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas y acciones financiadas desde el exterior destinadas a interferir en procesos electorales o mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. citeturn0news11
El texto también contempla sanciones frente al financiamiento o promoción de actos de violencia o sabotaje.
Incorporación del RePET al marco legal
El proyecto propone además incorporar por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La iniciativa establece herramientas como la inmovilización de bienes y restricciones para realizar operaciones económicas o financieras con personas o entidades incluidas en ese registro.
De esta manera, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo no se limita al régimen de sanciones por la explotación de recursos en Malvinas, sino que propone una modificación más amplia del esquema argentino de Defensa Nacional y Seguridad frente a amenazas externas.
Ahora, la iniciativa deberá comenzar su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados, donde será analizada antes de avanzar, eventualmente, hacia el Senado.
