Los legisladores presentaron un proyecto que busca impedir que quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias destinen dinero a casinos, apuestas online y otras actividades recreativas antes de garantizar el sostenimiento de sus hijos.
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– Los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra presentaron en la Legislatura de Tucumán un proyecto de ley que establece restricciones temporales para las personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia.
La iniciativa propone que, mientras permanezcan registradas, estas personas no puedan ingresar a casinos, bingos y salas de juegos de azar; abrir cuentas, depositar dinero o realizar apuestas en plataformas online; ni acceder a determinados espectáculos deportivos de concurrencia masiva.
“Quien dispone de recursos económicos debe atender primero las necesidades de sus hijos. No resulta razonable que una persona destine dinero al juego y a las apuestas mientras mantiene una deuda alimentaria judicialmente constatada”, sostuvieron los autores del proyecto.
La propuesta también contempla que, cuando se detecten fondos, premios o ganancias pertenecientes a una persona inscripta en el Registro, estos puedan ser inmovilizados preventivamente. La situación deberá ser comunicada al órgano judicial correspondiente, que determinará si corresponde embargar, transferir o afectar esos recursos al pago de la deuda alimentaria.
Bussi y Verón Guerra aclararon que la medida no pretende imponer una sanción permanente ni sustituir las herramientas judiciales vigentes, sino fortalecerlas y generar incentivos concretos para el cumplimiento de las obligaciones.
“La cuota alimentaria no es una deuda común. Está directamente vinculada con derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, la vestimenta y su desarrollo integral”, señalaron.
El proyecto obliga a los operadores de juegos de azar y apuestas a implementar mecanismos de verificación antes de permitir el ingreso a establecimientos, habilitar nuevas cuentas, recibir depósitos, autorizar jugadas o abonar premios. También prevé la utilización de herramientas electrónicas para consultar el Registro de manera actualizada.
La iniciativa incorpora garantías para proteger los datos personales. Los operadores solamente podrán conocer si existe una inscripción vigente, sin acceder al nombre del alimentado, al monto de la deuda, al expediente judicial ni a información que exceda la finalidad de la norma.
Las restricciones cesarán una vez que el Poder Judicial disponga la baja de la persona del Registro de Deudores Alimentarios.
“Este proyecto coloca en el centro a quienes realmente necesitan protección: los hijos. Antes de apostar, jugar o destinar dinero al entretenimiento, hay que cumplir con ellos”, concluyeron Bussi y Verón Guerra.
