El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno de Javier Milei a la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre, comenzará a ser debatido este miércoles 30 de septiembre en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
La iniciativa oficial fue presentada por el Ejecutivo como un instrumento para reforzar la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de establecer nuevas herramientas frente a amenazas externas.
El proyecto propone reemplazar la actual Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra quienes exploten sin autorización argentina recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares vinculados. También contempla sanciones penales, inhabilitaciones y un registro público de infractores.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
Uno de los principales puntos de la iniciativa es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, cuyo órgano rector será un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.
El organismo estará integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de autoridades de inteligencia y de la Secretaría Legal y Técnica.
Según el proyecto, el Consejo tendrá como objetivo coordinar políticas diplomáticas, económicas, de defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
La iniciativa también amplía las facultades estatales frente a determinadas amenazas y contempla medidas sobre operaciones financieras, activos, comercio exterior y autorizaciones cuando exista un riesgo considerado grave e inminente.
Además, incorpora disposiciones relacionadas con la protección de los espacios aéreo y marítimo y modifica aspectos de la legislación vigente sobre Defensa Nacional.
Influencia extranjera y nuevos delitos
El proyecto también incorpora un capítulo referido a la influencia extranjera en la política argentina.
Entre otras medidas, establece restricciones al financiamiento extranjero de campañas políticas y propone nuevos delitos vinculados con espionaje, entrega de secretos, operaciones clandestinas de inteligencia e interferencia en procesos electorales.
También contempla penas de entre 5 y 12 años para determinadas acciones financiadas u ordenadas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales, realizar campañas coordinadas de desinformación masiva o promover actos de violencia o sabotaje.
Otro de los puntos incluidos es el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al que el proyecto busca otorgar rango legal.
La oposición cuestiona el alcance de la iniciativa
Desde sectores de la oposición cuestionan que el proyecto exceda la cuestión específica de Malvinas y advierten sobre las facultades que tendría el futuro Consejo de Seguridad Nacional.
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino calificó la iniciativa como un “caballo de Troya” y sostuvo que detrás de las disposiciones vinculadas con la soberanía existen medidas que, a su criterio, ampliarían considerablemente las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia de seguridad, inteligencia y defensa.
Marino realizó estas críticas durante la audiencia informativa “¿Soberanía o patio trasero?”, realizada el 25 de septiembre en la Cámara de Diputados.
Organizaciones de la sociedad civil también expresaron cuestionamientos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, señaló que el proyecto podría concentrar facultades en el Consejo de Seguridad Nacional y cuestionó la posibilidad de adoptar determinadas medidas administrativas sin intervención judicial previa.
El Gobierno, en cambio, sostiene que la iniciativa busca dotar al Estado de un marco integral para proteger la soberanía, los recursos naturales y las infraestructuras estratégicas, y plantea que la cuestión Malvinas requiere una estrategia coordinada entre las distintas áreas del Estado.
El debate parlamentario comenzará este miércoles y tendrá como eje las atribuciones del nuevo Sistema de Seguridad Nacional, el régimen de sanciones por explotación de recursos en Malvinas, las modificaciones a la Defensa Nacional y las medidas contra la influencia extranjera.
