La inflación bajó de manera contundente: en agosto fue del 1,7% mensual, muy lejos del 25,5% de diciembre de 2023. Pero al mismo tiempo, otros indicadores muestran dificultades: las ventas de supermercados cayeron 2,1% interanual en julio, la industria manufacturera retrocedió 5% y la mora de las familias con los bancos llegó al 12,9%.
Ambas realidades pueden coexistir. La desaceleración de la inflación modifica las expectativas y permite recuperar previsibilidad, pero no significa automáticamente que los ingresos de las familias hayan recuperado poder de compra o que todos los sectores de la economía estén creciendo.
El debate económico argentino suele quedar atrapado entre dos posiciones que seleccionan únicamente los datos que favorecen su relato. El Gobierno pone el foco en la estabilización y la oposición, en el impacto sobre el consumo, el empleo y los ingresos. Para comprender el escenario completo es necesario mirar ambos lados.
Una familia puede reconocer que los precios aumentan mucho menos y, al mismo tiempo, tener dificultades para pagar el alquiler, los servicios, el supermercado o la tarjeta. No hay contradicción en eso.
La discusión de fondo pasa entonces por determinar cuánto del costo actual forma parte de la transición hacia una economía más estable y cuánto responde a decisiones concretas sobre el ritmo y la forma en que se está llevando adelante ese proceso.
La Argentina necesita salir de la lógica de las “dos verdades”. La inflación puede estar bajando y, a la vez, existir sectores y familias que todavía atraviesan dificultades. Reconocer una realidad no obliga a negar la otra.
