La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a dos conjueces para avanzar en la resolución del conflicto judicial por la derogación de la Ley de Tierras, impulsada mediante el artículo 154 del DNU 70/23 del Gobierno nacional. Además, redujo a 24 horas el plazo para consentir la integración del tribunal, debido a las particularidades de la causa.
Los magistrados elegidos son Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Su participación se dispuso luego de que los tres integrantes de la Corte no alcanzaran una posición unánime sobre la validez de la norma.
El expediente se originó a partir de una demanda de la Asociación Civil Árbol de Pie, que solicitó declarar inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. La organización sostiene que la medida afecta la protección del ambiente, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La presentación fue realizada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche y posteriormente pasó por otras instancias judiciales sin que se resolviera el fondo de la cuestión. Ahora, la Corte deberá determinar la validez del artículo cuestionado.
La definición tendrá relevancia sobre las restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales establecidas por la Ley 26.737 y los cambios introducidos por el DNU 70/23.
