El Ministerio Público Fiscal de Tucumán desarticuló parte de una presunta organización delictiva acusada de estafar a decenas de personas mediante la comercialización de terrenos que no le pertenecían, contratos fraudulentos de construcción de viviendas y operaciones financieras respaldadas con cheques sin fondos.
La investigación, que comenzó en 2023, permitió identificar maniobras que habrían provocado un perjuicio económico superior a los $ 1.000 millones. Cuatro sospechosos, entre ellos el señalado como jefe de la banda y un integrante de una fuerza de seguridad nacional, fueron imputados y quedaron bajo prisión preventiva.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego Alejo López Ávila, quien atribuyó a los acusados la integración de una estructura criminal que habría operado desde 2021 utilizando como fachada una empresa constructora.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los involucrados se valían de la firma Constru Servicios S.A.S. y otras denominaciones comerciales para aparentar una actividad empresarial legítima, captar clientes e inversores y obtener importantes sumas de dinero mediante distintas modalidades de engaño.
La investigación permitió reconstruir un esquema que combinaba la venta de lotes, la contratación de viviendas bajo la modalidad denominada “llave en mano” y la obtención de financiamiento de particulares y proveedores mediante cheques de pago diferido.
Para atraer a las víctimas, los sospechosos publicaban ofertas inmobiliarias en Facebook y atendían a los interesados en oficinas ubicadas en Yerba Buena y San Miguel de Tucumán.
La existencia de locales comerciales, la participación de varios socios y una aparente capacidad económica contribuían, según los investigadores, a generar confianza entre quienes buscaban adquirir un terreno, construir su vivienda o invertir dinero.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que numerosas operaciones se realizaban sobre inmuebles cuya titularidad no correspondía a los vendedores y que, en determinados casos, estaban involucrados en conflictos legales.
El abogado querellante Juan Guerrero explicó que los compradores recibían garantías sobre la situación jurídica de los terrenos, pese a que esas afirmaciones no coincidían con la realidad.
“Les decían que los lotes estaban libres de todo tipo de gravamen, de todo tipo de litigiosidad alguna e inclusive que eran los titulares de los lotes”, señaló.
El letrado agregó que, además de recibir dinero por las operaciones inmobiliarias, los sospechosos exigían pagos periódicos por supuestos servicios relacionados con los terrenos.
“Además de que esos terrenos sí estaban en litigiosidad y no eran ellos los titulares, les solicitaban transferencias mensuales para el mantenimiento, desmalezamiento y limpieza del lote”, detalló.
Las irregularidades comenzaron a quedar expuestas cuando los compradores reclamaron la documentación necesaria para acreditar la propiedad de los inmuebles o exigieron avances en las construcciones comprometidas.
De acuerdo con Guerrero, los responsables de las operaciones respondían con distintas excusas para evitar la firma de las escrituras y postergar la entrega de los terrenos.
Entre las justificaciones mencionaban viajes, reuniones laborales, inconvenientes personales y una supuesta falta de tiempo para concurrir a las escribanías.
