El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos nacionales, en medio de cuestionamientos internos por la falta de personal y el congelamiento salarial. Aunque la reducción del Estado fue una de las principales banderas del oficialismo desde diciembre de 2023, cada vez más funcionarios advierten sobre las dificultades para sostener el funcionamiento de distintas áreas.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, durante los primeros meses de gestión los despidos contaban con un amplio respaldo dentro de La Libertad Avanza. Sin embargo, esa postura comenzó a cambiar a medida que los ministerios y organismos públicos sufrieron las consecuencias de la reducción de sus plantillas y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
“No se le puede exigir a la gente con sueldos de pobreza”, cuestionó una funcionaria de la Cancillería que, tras reclamar mejoras salariales para su equipo, decidió dejar el cargo y regresar al sector privado.
De acuerdo con datos del INDEC citados en el informe, la dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades estatales cayó a 269.025 trabajadores en agosto de 2026. La reducción supera los 74.000 puestos desde diciembre de 2023.
Pese a esos recortes, el Ejecutivo avanzó con un nuevo régimen de retiro voluntario mediante el Decreto 1203/2026, firmado por Milei y otros integrantes del Gobierno. La medida alcanza al personal permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado. Además, establece que los cargos presupuestarios de quienes adhieran deberán eliminarse una vez concretada su salida.
Las críticas internas apuntan especialmente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señalado como uno de los principales impulsores de la reducción del empleo público. Mientras el Gobierno busca profundizar el ajuste, dentro de sus propias filas crece la preocupación por el impacto de los recortes en la capacidad operativa del Estado.
