La Cámara de Diputados aprobó con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones un proyecto de ley que establece un sistema permanente de protección social para las personas con discapacidad. La iniciativa obtuvo un amplio acuerdo entre La Libertad Avanza, el peronismo y bloques dialoguistas, y ahora será tratada por el Senado.
El proyecto mantiene buena parte de los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero elimina su carácter transitorio para establecer un marco de aplicación permanente. Entre sus principales puntos, contempla la compatibilidad de las pensiones por discapacidad con el empleo formal y el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, y garantiza la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones.
Además, establece la continuidad de la cobertura médica de Incluir Salud, fija un piso real de financiamiento para el área de Salud y crea auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos. También incorpora un plazo de hasta 160 días para que los beneficiarios observados durante una auditoría puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión de la pensión.
Uno de los puntos centrales de la negociación fue la incorporación de un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores, cuya reglamentación deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días.
El diputado tucumano de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, defendió la iniciativa y sostuvo que las personas con discapacidad no pueden depender de emergencias y prórrogas para ejercer sus derechos. Desde Unión por la Patria, Juan Marino y Victoria Tolosa Paz destacaron las modificaciones incorporadas, aunque advirtieron que el Gobierno debe garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y los recursos necesarios.
No todos los bloques acompañaron el acuerdo. El Frente de Izquierda y la diputada Natalia de la Sota cuestionaron la falta de garantías presupuestarias, mientras que otros legisladores reclamaron que la norma se aplique sin demoras.
Con la media sanción ya aprobada, el proyecto pasa al Senado en medio de un debate que tendrá como eje no solo la protección de los derechos de las personas con discapacidad, sino también el financiamiento y el cumplimiento efectivo de las prestaciones.
