El Gobierno de Tucumán puso en marcha un plan de prevención hídrica con una inversión anunciada de al menos $10.000 millones y más de 40 frentes de obra en distintos puntos de la provincia. El objetivo es reducir los riesgos de inundaciones ante la proximidad de la temporada de lluvias y las posibles precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño.
El programa es coordinado por los ministerios de Obras Públicas, a cargo de Marcelo Nazur, y del Interior, encabezado por Darío Monteros, junto con la Dirección Provincial del Agua, Vialidad y gobiernos locales. Los trabajos incluyen limpieza de canales, retiro de sedimentos, ensanchamiento de cauces, construcción de defensas y acondicionamiento de desagües. Según informó la Provincia, se contrataron más de 15.000 horas de maquinaria pesada.
Entre los sectores intervenidos se encuentran los canales Norte y Sur de San Miguel de Tucumán, distintos tramos del río Salí, Yerba Buena, Tafí Viejo, Famaillá, Lules y localidades del sur provincial. También se ejecutan obras en La Madrid, una de las zonas más afectadas históricamente por las inundaciones, donde buscan ampliar la capacidad del río Marapa.
Sin embargo, el despliegue oficial abrió un nuevo frente de discusión política. El legislador radical Agustín Romano Norri pidió información sobre las medidas aplicadas en los 31 puntos críticos identificados en el plan de contingencia de 2025. Por su parte, Silvia Elías de Pérez reclamó explicaciones sobre las obras, las contrataciones y el destino de los fondos asignados mediante la Ley de Emergencia Hídrica.
Los cuestionamientos también llegaron desde La Libertad Avanza. Lisandro Catalán propuso reducir el presupuesto de la Legislatura del 4% al 1% de los recursos públicos para destinar la diferencia a infraestructura, mientras que el diputado nacional Mariano Campero criticó el estado de los desagües en Las Talitas y reclamó un programa de prevención con objetivos a ocho años.
Con el verano cada vez más cerca, el desafío para la Provincia será demostrar que las obras anunciadas se traducen en resultados concretos. Mientras el Gobierno sostiene que trabaja para disminuir los riesgos, la oposición exige controles sobre el gasto y soluciones estructurales para evitar que las lluvias vuelvan a dejar a cientos de familias bajo el agua.
