La Libertad Avanza intensificará esta semana las negociaciones con la UCR, el PRO y otros bloques aliados para destrabar el Presupuesto 2027 y conseguir su aprobación en la Cámara de Diputados. El oficialismo busca cerrar acuerdos para firmar el dictamen entre el 17 y el 18 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el 25 de ese mes.
Las conversaciones se complicaron por los reclamos de los bloques dialoguistas, que no solo exigen modificaciones presupuestarias, sino también avances en otras iniciativas. Entre los principales pedidos figuran una rebaja del Impuesto a los Combustibles, garantías de financiamiento para discapacidad y universidades, y mecanismos que aseguren los fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales.
La UCR también reclama avanzar con un proyecto de incentivo a las inversiones relevantes, mientras que gobernadores como Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora presionan para reactivar la discusión de la Ley de Biocombustibles. Por su parte, el PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, reducir el IVA para los huevos y sus derivados del 21% al 10,5% y asegurar condiciones para las obras públicas viales.
El desafío parlamentario es importante: La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita al menos 129 presentes para habilitar la sesión. El oficialismo calcula que, con el respaldo de distintos bloques aliados, podría reunir una base cercana a los 138 legisladores, aunque el número dependerá del resultado de las negociaciones.
En términos económicos, el proyecto contempla gastos consolidados por $216 billones e ingresos estimados en $219,3 billones. Además, el Gobierno proyecta una inflación del 21,3% para 2027, un dólar de $1.847 al cierre del año y un crecimiento del consumo privado del 3,4%.
El financiamiento universitario sigue siendo uno de los puntos sensibles: mientras el Presupuesto prevé $7,3 billones para el sector, los rectores reclaman elevar la cifra a $11 billones. Las próximas conversaciones serán decisivas para determinar si el Gobierno consigue los apoyos necesarios o debe realizar nuevas concesiones para aprobar su principal herramienta de planificación económica.
